El gobierno acaba de pedir a la Corte Suprema de Justicia que resuelva a favor de la vigencia del convenio Fiat-Smata, anulando un fallo de no innovar de una jueza de primera instancia. Sustituye a la Fiat y a la burocracia del Smata como lógicos actores de un recurso de apelación, en un claro sometimiento a las exigencias del pulpo italiano o de todos los pulpos que quieren la vigencia de un convenio que rebaja los salarios y reduce a los obreros a la condición de aprendices. Es decir que se ha convertido al convenio en una ‘cuestión de Estado’, porque, como dijo Cavallo, el convenio “lleva de la mano a la anhelada desregulación laboral” que reclaman los banqueros extranjeros, los industriales ‘nacionales’y las pymes. Antes de la presentación, Blanco Villegas, titular de la UIA, había reclamado que el convenio Fiat pueda ser extendido a todo el movimiento obrero y que la posibilidad de rebajar los salarios e imponer ‘contratos de aprendizaje’ a dos pesos la hora, no sea un ‘privilegio’ de las ‘multinacionales’.

Al fundamentar su apelación, el gobierno dice que el fallo de la jueza “omitió tener en cuenta que Fiat Auto es una entidad de reciente creación —marzo 1995— confundiéndola con otras firmas y sociedades… para las que sí resulta de aplicación la convención colectiva 260/75 suscripta por la UOM”. Pero los 2,35 la hora que según el gobierno regirían para “una planta en construcción” y no al resto de los trabajadores, vale, primero, para “todas las plantas Fiat Auto”, lo cual incluye a Cormec o a cualquier otro establecimiento que la Fiat pudiera incorporar. Segundo, el convenio  pasa a ser ‘testigo’ para todas las patronales automotrices y autopartistas, al margen de cuál sea su “ámbito”. Los máximos directivos de Renault acaban de declarar que “las futuras inversiones en el país se encuentran limitadas por el costo de los fletes, la presión impositiva y la disputa laboral planteada entre Fiat y los sindicatos” (Clarín, 31/3).

La Fiat no pone un mango

El argumento central de las patronales y del gobierno es que la oposición al convenio negrero “pone en riesgo un ambicioso plan de inversiones de Fiat Auto con importantes consecuencias en cuanto a la elevación del nivel de empleo, mejora de la competitividad de la producción nacional y el aumento de las exportaciones” (La Nación, 28/3).

¿Qué salto en el empleo? Los cinco mil puestos de trabajo prometidos no se cubrirán nunca —como no se están cubriendo los de General Motors—, porque “la empresa tiene programado para dentro de dos años el traspaso de los 1.800 trabajadores de la fábrica de motores Cormec —Córdoba Mecánica— a la nueva empresa”.

¿Qué salto en la inversión? “Con el acuerdo del Smata tampoco habrá una nueva masa salarial, ya que con la misma suma de dinero que en la actualidad se utiliza para pagar a esos 1.800 operarios se buscará pagar a los 5.000” (Página12, 29/3).

¿Qué salto exportador? La Fiat por ahora sólo importa: “es la primera automotriz autorizada a importar autos con 2% de arancel (un privilegio que sólo tenían las automotrices instaladas) antes que comience a producir en el país” (Cronista, 15/2). Luego tendrá intercambio con su planta en Brasil, compensando las exportaciones con importaciones. La perspectiva, más adelante, de ensamblar el 178 —‘auto mundial’—, convertiría a las terminales en armadurías y distribuidoras.

De todos modos, cuando los voceros capitalistas ponderan la ‘creación del empleo’, la ‘inversión’ o la ‘exportación’ ocultan la superexplotación, la descalificación laboral, la confiscación de los ingresos de las masas para subsidiar el proyecto, las superganancias de los capitalistas, el beneficio.

Hay una salida

Una solicitada firmada por Hugo Curto, intendente municipal de Tres de Febrero y dirigente de la UOM de Caseros, denuncia que “los trabajadores de Sevel Palomar ven peligrar sus fuentes de trabajo y ésa es la realidad, agravada por la rebaja salarial que la empleadora exigirá para situarse al nivel del acuerdo Fiat-Smata”. Se ve obligado a admitir lo que el PO dijo desde un primer momento:  “¿el pueblo sabe que la capacitación de los trabajadores de Fiat la pagará el Estado? ¿Saben del subsidio del Gobierno Nacional a Fiat?”.

Pero la denuncia de Curto no lleva a nada, porque el secretariado de la UOM no plantea una sola medida de acción. La UOM no cuestiona el convenio, sino que le hayan dado la ‘jurisdicción’ al Smata. Por eso, en su reclamo judicial, la UOM “invoca el acuerdo que celebró con Fiat el 23 de noviembre de 1995”, que contenía punto por punto lo que luego firmó José Rodríguez y con el cual el secretariado de la UOM no tuvo ni tiene diferencia de ‘principios’ alguna.

Es necesario un plan de lucha nacional y de las principales fábricas automotrices y metalúrgicas afectadas por el convenio Fiat-Smata, para rechazar sus términos, reclamar paritarias por industria, un convenio colectivo de trabajo que establezca las categorías (certificación) de los trabajadores, un aumento salarial del 50%, la jornada de 8 horas y 40 semanales, y el rechazo a las leyes de aseguradoras de riesgo y de jubilación privada.