La ofensiva antilaboral para incrementar la tasa de explotación de los trabajadores es muy vasta. Incluso trasciende los 145 artículos de la reforma laboral, porque la misma ley propuesta crea las condiciones para nuevos ataques a través de los convenios colectivos por empresa y hasta individuales, y aún para el desconocimiento mismo de la Ley de Contrato de Trabajo.

 

El articulado propuesto es tan devastador que se presume fue propuesto tras los resultados electorales, para luego negociar algunas cláusulas y hacer pasar el grueso de las medidas vitales para los objetivos de disminución del costo laboral -o sea de superexplotación obrera.

 

Dentro de ellos resalta un punto crucial: abaratar el despido.

 

En la Argentina no rige hace mucho la estabilidad laboral, excepto para la reducida planta permanente del Estado, hasta cierto punto. La estabilidad de los bancarios fue eliminada por la dictadura, repuesta por el Parlamento en 1985 y vetada por Raúl Alfonsín, desapareciendo definitivamente. Rige en su lugar la indemnización en caso de interrumpir el contrato laboral por tiempo indeterminado. Pues bien, la ley Macri apunta directamente contra este régimen.

 

En primer lugar, elimina del cálculo indemnizatorio a las horas extras, viáticos, aguinaldo y cualquier otra remuneración excepcional, liquidando la jurisprudencia del “mejor mes” o del promedio remunerativo del trabajador, y confinando el cálculo, ya reducido en el pasado, al ingreso mensual absolutamente habitual por año trabajado.

 

A esto se le agrega que baja a un año el tiempo de prescripción de cualquier reclamo judicial del trabajador. Una de las monstruosidades más notables de la ley antiobrera. Quien no fue indemnizado y por distintos motivos del drama personal de un trabajador cesanteado y hambreado, incluida la falta de un abogado que considere conveniente y lucrativo su juicio, no realice el reclamo judicial en un año, se queda definitivamente sin su derecho.

 

Pero la cosa no termina allí, va mucho más lejos. El articulado de la ley permite extender a todos los gremios el régimen de la construcción, llamado “fondo de cese laboral”, inspirado en la ley 22.250 de la dictadura. Por este sistema, la patronal aporta un porcentaje del 12% el primer año y del 8% en los años restantes, que se acumula en una libreta de ahorro del trabajador y cuyo monto percibe al retiro, sea compulsivo o voluntario.

 

El fondo de cese de los compañeros de la construcción es administrado por el IERIC, compuesto por la Cámara Argentina de la Construcción, la Uocra y el Colegio de Arquitectos, que manejan millones, cobran una comisión y “remuneran” al compañero con el interés vigente en una caja de ahorro, habitualmente a la mitad de la inflación o menos. Por lo tanto, el importe que cobra el compañero está completamente desvalorizado al momento del cese.

 

Por otro lado, las empresas incorporan el porcentaje al costo laboral y ya lo descuentan al momento de fijar el valor de la “masa salarial” a la firma de convenios o de la contratación del empleado. El obrero de la construcción es de los peor remunerados en la escala de toda la clase obrera y el costo indemnizatorio ha pasado a ser cero a partir del régimen del fondo de cese que rige hace 35 años. Mientras despotrican contra “los impuestos al trabajo”, como llaman a las cargas sociales, incorporarían uno más, pero que termina con todo vestigio de estabilidad laboral para el trabajador, acabando con todo obstáculo económico al despido.

 

En la construcción se ha esgrimido para imponer este régimen la duración de las obras, aunque antes de 1980 hubo obras y se hacían igual. Ahora se esgrimirá estacionalidad, lo cual es válido casi para todas las industrias. El conchabo y despido sin obstáculos permite evitar la hora extra del trabajador estable en período de necesidad patronal, otro flanco del abaratamiento.

 

La indemnización tiene un valor resarcitorio para el trabajador que queda en la calle, pero además tiene un valor disuatorio hacia la patronal para pensar dos veces el despido, en particular cuando el trabajador tiene cierta antigüedad. En el caso de un trabajador de muchos años de antigüedad, el nivel de licuación del “ahorro” de la libreta de fondo de cese es directamente brutal. Basta imaginar la inflación de los últimos quince años, que supera lejos el 1.000%.

 

El objetivo estratégico de las patronales es abaratar el despido, lo que lejos de traer empleo agravará la desocupación. Por eso habilitan, además, el monotributo

en relación de dependencia, que no tendría tampoco fondo de cese.

 

Entre muchos, un eje central de la precarización que promueve la reforma laboral que debaten en las sombras Triaca y la CGT, es terminar con la indemnización.

Apuremos la clarificación a todo el movimiento obrero.

 

El paro del Inti, el paro judicial del 15 de noviembre, la gran movilización nacional de Fabricaciones Militares, el paro nacional de los trabajadores del gas, el plenario convocado en Ensenada por Astilleros Río Santiago, el paro de los Suteba combativos, Adosac, Aten y Amsafe del pasado 7 de noviembre, son los primeros indicios de las reservas del movimiento obrero. AGD-UBA en asamblea general ya lanzó una campaña de movilización que incluye la defensa de los sindicatos inscriptos, otro eje de ataque de Macri contra el clasismo y a favor de la burocracia central.

 

Debatamos el rechazo a la reforma en asambleas en los lugares de trabajo, exijamos plenarios de delegados con mandato. Impulsamos la más amplia campaña de pronunciamientos para imponer un plan de lucha de toda la clase obrera. La Coordinadora Sindical Clasista, en ese camino, ha propuesto una acción común a todos los sindicatos combativos.