Hasta entonces, la discusión seguía un curso casi administrativo. Si bien la AGD-UBA llevó una declaración que centraba su caracterización en el ajuste en curso y en las enormes dificultades del gobierno para poder implementarlo, la mayoría de las intervenciones giraron en torno de qué acción convocábamos .
El “discurso” presidencial cambió radicalmente el humor. ¡Si hasta los compañeros más afines al gobierno se indignaron ante tamaño “exabrupto”! Pero lo de la presidenta fue más que eso. Mintió al hablar de la estabilidad laboral: el 75% de los docentes universitarios son interinos y viven con la amenaza permanente de la cesantía tras dos, tres, cinco y hasta 25 años de antigüedad. Los concursos, cuando se convocan, operan como un instrumento completamente expulsivo antes que un mecanismo de regularización.
La Presidenta dijo otra media verdad. La recomposición salarial que se abrió en 2005 no fue el resultado de una graciosa concesión gubernamental, sino del más grande plan de lucha nacional de la docencia universitaria en décadas. Ese año, se abrió con paros y movilizaciones y, en el segundo cuatrimestre, se coronó con una huelga general de un mes que arrancó el blanqueo salarial y 3.000 cargos con salario para los ad honorem. No fue, entonces, el “modelo”, sino el “método” de los trabajadores el que arrancó esas conquistas. Pero la presidenta tampoco informó que en 2009 y 2010 hubo una caída profunda de nuestros salarios, fundamentalmente por el proceso inflacionario. Pese a que pudimos romper el techo salarial de 2011, seguimos en baja. En medio de tantas cifras y porcentajes astronómicos, faltó el fundamental: el cargo testigo de los docentes universitarios percibe un salario de bolsillo de 1.900 pesos.
La Presidenta ocultó deliberadamente en su “informe” las condiciones de trabajo de los universitarios y los investigadores: más de 15 mil trabajadores ad honorem, cifras difíciles de precisar de “no designados” al frente de cursos, contratados y monotributistas, amenaza de despido a 700 docentes en la UBA a quienes no se les reconoce el derecho a optar por permanecer en su cargo cumplidos los 65 años, 1.630 jóvenes becarios a los que el Conicet deja cesantes, la creciente persecución a delegados gremiales a quienes no se les reconoce la tutela sindical (en La Rioja, en Rosario, en la UBA). Para cerrar, una negociación empantanada por un Convenio Colectivo de Trabajo, del que carecemos.
Frente al discurso presidencial, el martes 6 llevamos, junto con los docentes porteños y bonaerenses, a las puertas del Ministerio de Educación, la verdad de los trabajadores docentes. Con un paro nacional.
