Se trata de les trabajadores del programa Enia (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) quienes el día miércoles recibieron un mail informándoles que por razones “de fuerza mayor” no se les modificaría el importe fijado en los contratos vigentes a partir del 1 de julio. Se trata de una manipulación total ya que, a mediados de junio, el conjunto de les trabajadores recibieron y firmaron un nuevo contrato, extendiendo su trabajo temporal por 12 meses. Allí se ofertaba un aumento salarial del 30%, luego de un año sin aumentos. De este modo, la comunicación realizada por la directora del programa, Valeria Isla, se trata de una extorsión en la cual intenta retrotraer su oferta salarial, abriendo un cuadro de incertidumbre frente a la modalidad de renovación (si es que existe) de los contratos.

El programa Enia funciona a través del financiamiento del Tesoro Nacional bajo la inspeccion del Pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y funciona en 12 provincias del país, dentro la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en el Ministerio de Salud. El mismo gobierno que patea la legalización del aborto y no garantiza la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas, pone en riesgo uno de los pocos programas que promueven las políticas de salud sexual y reproductiva. Así, la tarea de les trabajadores del plan Enia termina siendo uno de los pocos recursos con los cuales cuentan les adolescentes para acceder a información y a métodos anticonceptivos de forma segura, como así también accediendo muy limitadamente a un derecho tan vulnerado como es la ILE (Interrupción Legal del Embarazo).

El gobierno nacional manifiesta poco interés en el desarrollo de este tipo de programas ya que sus 900 trabajadores son parte de los miles de precarizades del Estado nacional, que lo hacen bajo contratos temporales con modalidad de monotributo. Esto implica que no cuentan con ningún tipo de seguro, de aporte jubilatorio, ni hablemos del aguinaldo u obra social; es decir que se encuentran fuera de convenio. Como si ello fuera poco, la gran mayoría de les trabajadores desarrollan sus tareas dentro de escuelas, espacios comunitarios y centros de salud; pero carecen de una cobertura que garantice las condiciones de trabajo adecuadas para el desempeño de las tareas planteadas.

Lejos de la “regularización laboral” para los becarios de Salud, anunciada con bombos y platillos por el gobernador Axel Kicillof, para les contratades nacionales hay vaciamiento y más flexibilización laboral.

Frente a esta situación, les trabajadores de la provincia de Buenos Aires nos hemos convocado en una asamblea en la cual hemos puesto de manifiesto que esta extorsión se enmarca en un cuadro de vaciamiento del conjunto del Enia, que comenzó en mayo de este año cuando les compañeres de San Isidro fueron notificados de la finalización del programa en su distrito.

Hemos resuelto el cese de actividades hasta que se convalide el contrato ya firmado. Contra el vaciamiento del Enia y el peligro de 900 puestos de trabajo en el país. Exigimos el pase a planta permanente y la recomposición salarial de todos les precarizades.