Siempre dijimos, desde estas páginas, que el gobierno no había abandonado para nada el compromiso que firmó con el FMI, de que los trabajadores debían apor­tar a su propio despido. Cuando la revela­ción del hecho suscitó un escándalo públi­co, en vísperas de la huelga de 36 horas, el gobierno se desvivió por asegurar que el aporte al fondo lo harían los patrones. Como ya se explicó reiteradamente, aun si esto fuera cierto, el monto indemnizatorio que recibiría un obrero despedido sin causa sería diez veces inferior al que $9 corresponde de acuerdo a la legislación actual. Cuando el gobierno aseguraba que su proyecto pretendía acabar con la Industria del despido’, lo que en reali­dad quería decir es que pretendía inaugu­rar el negociado de las cesantías. Porque de ahora en más, el fondo de despidos será administrado por una AFJP, que utiliza­rá el dinero para financiar la deuda públi­ca a cambio de una jugosa tasa de interés.

Pero a ese fondo los patrones no con­tribuirán de ninguna manera aunque se les fije un aporte del 4% sobre los salarios, que será del 2.5 al eliminarse el 1.5 que aportaban para el fondo de desempleo, y que deberá reducirse aún más con las nuevas rebajas que están previstas en los aportes jubilatorios. Aun las monedas que sobren no las pondrá la patronal, sino los trabajadores.

La razón es que el gobierno, simultá­neamente, elimina los convenios colecti­vos y, consecuentemente, impone los sa­larios por productividad, es decir, el sala­rio variable. Al no proteger el salario de categoría por convenio, las patronales se descontarán el aporte al fondo de despi­dos de los criterios que establezcan para medir la productividad. Además de abolir el salario por jomada, la ‘reforma’ menemista entrega al zorro el control del galli­nero de las escalas salariales.

Esta ‘trampa’ se la contaron ‘entre amigos´ dos ultra flexibilizadores, el dimitente Osvaldo Giordano y la vigente Carolina Pessino, a un grupo de econo­mistas, entre los cuales los eternos Alemann, Sturzenegger y demás bancófilos (Página 12y 5/10). “La conclusión plan­teada por varios economistas sobre quién, finalmente, financiará el seguro de despido descansa sobre el siguiente planteo, resume el diario: con una alta desocupación, que, ade­más, deteriora el poder de negociación de los trabajadores, antes de tomar a alguien el empleador ‘des­contará’ del salario lo que deba apor­tar para el fondo´.

No es, sin embargo, la desocupación la que produce ese resultado, sino la liqui­dación legal de los convenios colectivos y de los salarios por jornada.