05/07/2021

El gobierno apura e improvisa el retorno a la presencialidad de las y los estatales

Delegado ATE MTEySS- Tribuna Estatal

La Secretaría de Gestión y Empleo Público a cargo de Ana Castellani publicó el pasado 28/6 la resolución 62/2021, por medio de la cual habilitó la convocatoria a la actividad presencial de trabajadores estatales que hubieran sido vacunados con una sola dosis contra el Covid.

La medida permite, inclusive, convocar a trabajadores considerados con patologías “de riesgo” de acuerdo a la normativa sanitaria dictada en el marco de la pandemia, excluyendo solo a trabajadores con afecciones tan severas que, de por sí, ameritan licencia. Es decir, en plena segunda ola de Covid -con un sistema de salud saturado y sobrecargado por enfermedades vinculadas con el frío invernal, y con un transporte público también colmado- y en las puertas de una tercera ola según el pronóstico de especialistas, el gobierno habilita convocar a embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas y cardíacas, diabéticas y con insuficiencia renal crónica en diálisis, sin siquiera contar con la segunda dosis de vacuna Covid que completaría el esquema de inmunización. A esto debe sumarse el hecho que en muchos edificios del Estado no están dadas las condiciones sanitarias para habilitar un regreso presencial de trabajadores, por más protocolos que el gobierno y las direcciones sindicales se esfuercen en presentar, tal como ha quedado demostrado con numerosos casos de trabajadores contagiados y hasta fallecidos.

Tras un año y medio de pandemia, una gran cantidad de estatales sigue trabajando de manera remota sin que el Estado haya provisto los elementos de trabajo o abonado siquiera un plus por gastos de conectividad, eso en un marco de riguroso ajuste presupuestario y salarial producto de paritarias a la baja en 2020 y 2021, al servicio del pago de la deuda ilegítima y usuraria con bonistas, bancos y el FMI. Queda claro que esta convocatoria improvisada por parte del gobierno, al margen de cualquier criterio epidemiológico y que pone en grave riesgo la salud y la vida de las y los estatales, no se basa en ningún impulso o fortalecimiento de políticas públicas para intervenir en la crisis sanitaria y económica en beneficio del pueblo trabajador, sino que persigue un mero fin propagandístico –la impostura del falso “Estado presente”- de cara al proceso electoral.

Ante la medida, el papel de las direcciones sindicales ha sido lamentable, producto de su integración política al gobierno y su abandono del rol elemental que deben cumplir todo sindicato: la defensa de las condiciones de trabajo. Desde UPCN señalaron su acuerdo al “retorno a la presencialidad”. Por el lado de ATE, tanto la “Verde” -ATE Nacional- como la “Verde y Blanca” –ATE Capital-, difundieron volantes “explicando” la Resolución de Gestión Pública, hablando de “presencialidad cuidada” y oficiando, en los hechos, de “Departamento de RR.HH.” del gobierno. Quedaron incluso a la derecha del propio gobierno, que el mismo 28/6 y ante el enorme malestar que se había generado entre las y los estatales, tuvo que salir a dictar otra norma “aclarando” que las Decisiones Administrativas que establecen la prioridad del trabajo remoto -390/20 y 1/21- siguen vigentes.

Desde Tribuna Estatal planteamos la necesidad de rechazar este avance del gobierno sobre la salud y la vida de las y los estatales, basado en la especulación electoral. Al mismo tiempo, es necesario exigir el estricto respeto de las licencias de los grupos de riesgo y un plan de vacunación integral y específico para las y los estatales. Impulsemos pronunciamientos en los lugares de trabajo en esta perspectiva. Donde no haya Juntas Internas independientes del gobierno, pongamos en pie comisiones de higiene y seguridad laboral electas por asambleas de trabajadores.

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