Como parte de la política de ataque al trabajo desarrollado en el espacio público, a lo largo de este año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha levantado alrededor de treinta paradas de venta de diarios. La última parada retirada por la fuerza (foto) se encontraba en 15 de Noviembre 1523 (Constitución), contaba con un permiso provisorio del Ministerio de Trabajo y hasta con un recurso de amparo judicial, con copia escrita pegada en el puesto, pero ni siquiera eso fue suficiente para frenar a los agentes de Rodríguez Larreta y Eduardo Macchiavelli (ministro de Ambiente y Espacio público) que se llevaron el puesto por la noche, con una grúa. Otras cinco paradas de la zona se encuentran intimadas para que cierren y en peligro de ser removidas.

Mientras recrudece brutalmente la crisis económica y la prensa digital le sigue ganando terreno al papel, se persigue a los canillas que ofrecen a la venta cualquier cosa que no sean diarios o revistas (como por ejemplo pines y banderines) lo que está expresamente permitido en la Ley. Pero los inspectores exigen en estos casos un permiso de la Secretaría de Trabajo… que la propia Secretaría no está entregando.

La oferta de dichos productos constituye un recurso para que el canillita pueda llegar a obtener un ingreso que le permitan la supervivencia, la cual se logra, además, a costa de cumplir horarios de trabajo cada vez más extendidos.

Por otra parte, la confiscación y remoción se efectúa sin la menor consideración por la estructura física del puesto, que resulta con abolladuras y cortes a la chapa, cuando no con su total destrucción.

Si bien por iniciativa de algunos activistas el sindicato ha terciado en la recuperación de algunos de estos puestos, la línea general es de una total pasividad. Su más reciente “movilización” fue a Luján a escuchar misa, en lugar de participar en la concentración en Congreso contra el Presupuesto 2019, cuando se trató en Diputados.

Necesitamos poner en pie una organización combativa que prepare un plan de lucha en defensa de cada uno de los puestos de trabajo y en rechazo a la persecución.

Si los permisos son indispensables, que se otorguen con criterios claros y con celeridad. Por la vuelta al 40% del precio de tapa que se perdió durante el gobierno de De la Rúa, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Trabajo y no fue restituido por ninguno de los gobiernos posteriores.

Que no haga falta trabajar a destajo para lograr un ingreso que cubra el costo de la canasta familiar.