El ministro Tomada hizo algo con pocos precedentes: laudó a la baja en un acuerdo obrero-patronal del gremio de Uatre. Fijó en 25% el aumento que había sido preacordado en 35,7%, en el marco de la Convención Nacional de Trabajo Agrario, un organismo de mayoría patronal estatal donde se discuten salarios y condiciones de trabajo de los obreros rurales.

Se trata de un cañazo brutal a un salario que en lugar de pasar de 2.200 a 3.000 pesos, pasará a 2.750.

Las patronales de la Mesa de Enlace se plegaron enseguida al laudo. Explicaron que “no podrían pagar el aumento”, pese a la facturación récord de la producción y exportación de granos, oleaginosas y cultivos industriales.

Al mismo tiempo, el ministro acaba de resolver una veloz conciliación obligatoria en el conflicto aceitero en San Lorenzo, que afecta a Cargill, Bunge, Molinos, Dreyfus y Terminal 6, con motivo del reclamo de un adicional de 1.800 pesos a fin de año y la incorporación a convenio de mil tercerizados. Las patronales exportadoras pusieron el grito en el cielo y la Federación Nacional desautorizó la huelga.

El gobierno kirchnerista después del 23 de octubre cierra filas con las patronales agrarias y los grupos exportadores contra los trabajadores rurales, los más explotados de toda la escala de la clase obrera. No es casual, entonces, que CFK haya lanzado un ataque público contra un piquete de Uatre.

Moyano vocifera contra el mínimo no imponible de ganancias y habla de repartir ganancias, habla a través de su hijo del impuesto al salario, pero no moviliza a la CGT en defensa de los obreros rurales.