Plaza y su empresa apéndice, Mayo, manejan 12 de las 16 líneas que circulan por la ciudad (el 76% de la oferta disponible), dando un pésimo servicio, apretando a sus propios choferes con una enorme flexibilización laboral y, además, exigiéndole al municipio condiciones leoninas para reformar un contrato que tiene establecido con la comuna reduciendo servicios y frecuencias. Plaza ha violado sistemáticamente las condiciones del servicio, pero estas reducciones de la prestación no conforman al pulpo, el cual exige el aumento del boleto y no quiere invertir un peso.
El intendente de Bahía Blanca habla hasta de “la incautación de unidades por dos años y la puesta en marcha de un servicio municipal consensuado con la oposición y con el gremio que agrupa a los choferes” (La Nueva Provincia), como la respuesta frente a un eventual desacato, por parte de la empresa.
El fondo del problema es la actualización del cuadro tarifario, la posible incorporación al Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube), la situación laboral de los choferes, mecánicos y administrativos, el estado del material rodante disponible y, fundamentalmente, la merma de subsidios millonarios que recibirá el grupo.
El grupo Plaza viene retaceando inversiones desde que se empezó a hablar del quite de los subsidios. Sus principales conflictos se han situando en aquellas empresas donde los trabajadores, al margen de las decisiones tanto de la burocracia de la UTA como de la Unión Ferroviaria, han luchado para defender las condiciones de trabajo de choferes y ferroviarios. Pero la desinversión de hecho viola todas normas de seguridad, como lo demuestran el verdadero asesinato de la estación Flores (con barreras que no funcionan) y las decenas de accidentes en Ecotrans por el pésimo estado de los vehículos.
El contrato con el municipio fue un fabuloso negociado de la misma administración actual, con Breitenstein como intendente, que le entregó el trasporte al grupo como salida al derrumbe del servicio que daban empresas locales. Ahora el negociado se cierra por la propia crisis abierta con los subsidios. Los mismos que impulsaban los acuerdos con Plaza hoy son los que los quieren anular.
La caducidad del contrato del grupo Plaza en Bahía exige una reflexión sobre grupos como Plaza o Dota, los que han hundido decenas de líneas y se han quedado con el 80% de los subsidios del transporte. Es necesario expropiarlos, que pasen a manos del Estado y que estén bajo control de los trabajadores. Este sería el único procedimiento correcto para terminar con la estafa de estos verdaderos saqueadores y con las increíbles penurias de miles de usuarios por la política de estos verdaderos explotadores.
