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A principios de agosto, el gobierno macrista profundizó su ataque a la organización sindical, a través de una disposición del Ministerio de Modernización. La misma pretende establecer un control absoluto del derecho de los trabajadores a organizarse y a hacer asambleas. Para hacer una asamblea hay que pedir permiso con tres días de anticipación, y ese pedido sólo lo pueden formular delegados. Si la autoriza, el Gobierno determina el lugar de realización y la hora, que para no "entorpecer el funcionamiento de la administración" puede ser fuera del horario de trabajo. Sólo pueden participar trabajadores de la dependencia de la que se trate.

Ya en el conflicto del Teatro Colón, el gobierno había enfrentado los reclamos con pedido de desafuero de los delegados, multas millonarias, sanciones y cesantías. Luego continuó con una impugnación sistemática de las Juntas Internas de ATE, donde se nuclea un activismo independiente, utilizando un artículo de la ley de asociaciones sindicales que establece que las Juntas tienen que tener un 10% de afiliados entre los trabajadores de la planta. La ofensiva empalma con los ataques que sufren la docencia -con cierres de cursos y sanciones- y los trabajadores de la salud -que defienden los hospitales públicos ante su vaciamiento. Los trabajadores del programa BAP enfrentan numerosos despidos en estos días.

A través de esta ofensiva el macrismo pretende viabilizar el ajuste sobre los trabajadores que atraviesa a todos los niveles de gobierno, empezando por el Nacional. Para ello cuenta con el auxilio de la burocracia que dirige Sutecba, brazo ejecutor de la regimentación estatal en los lugares de trabajo.

Aunque el kirchnerismo dice oponerse a esta medida, no ha hecho nada para enfrentarla y comparte la orientación anti-sindical contra los trabajadores de la administración pública nacional que salen a luchar. No es posible olvidarse de las patotas sindicales de UPCN, los mega-operativos represivos al Inti en lucha o la brutal persecución gremial y política en el Indec.

La directiva de ATE ha presentado un recurso de amparo contra la disposición de Macri, que prosperó en la justicia y puso en suspenso la medida. También convocó a un paro y movilización que se concretó este jueves 13. La iniciativa de ATE, si bien correcta, desnuda sus límites. Desde el palco se llamó a resolver las diferencias en una mesa de negociación con el macrismo, revelando la incomprensión o una tentativa de capitulación frente al problema. La movilización demostró el vaciamiento que la directiva kirchnerista está provocando en sus propias filas. El grueso de la movilización fue sostenida por las juntas internas que están compuestas por un activismo independiente que está en crecimiento.

La lucha contra los ataques a la libre organización debe estar ligada a las reivindicaciones laborales y políticas que el macrismo quiere destruir. La recuperación de la organización de los trabajadores en cada dependencia es la clave ineludible para enfrentar al gobierno. Llamamos a realizar asambleas en cada lugar de trabajo, votar pliegos de reclamos y compañeros delegados de la asamblea como un principio de reorganización. Denunciamos la acción para-gubernamental de la burocracia sindical y la necesidad de su expulsión y de una nueva dirección en los sindicatos. Reclamamos un plenario de delegados de ATE abierto al activismo para discutir libremente esta perspectiva y un plan de lucha por todas las reivindicaciones, sin lugar a dudas la libertad de organización gremial, el pase a planta permanente y la recomposición salarial.