Entre el gobernador de Córdoba, Ramón Mestre, y la recientemente electa conducción del SEP, acaba de sellarse un pacto. Como Mestre dijo que no está en sus planes derogar la estabilidad del empleado público, el SEP suspendió en respuesta las medidas de fuerza. ¿Es que acaso el gobierno dio marcha atrás?

Nada de eso. Ocurre que la ‘estabilidad’ no es el primer objetivo del plan del gobierno. Mestre pretende reemplazar la ‘emergencia’ actual, que ha reducido la jornada laboral y los salarios en el orden del 40 y 50%, por un nuevo estatuto que ‘flexibilizaría’ tareas, reduciría la jornada laboral , fijaría criterios de ‘productividad’ y rebajaría los salarios a partir de un nuevo piso de 200 pesos al mes, unificando todas las escalas actuales en cinco o seis categorías, con carácter permanente.

Desde el inicio de la ‘emergencia’ fueron cesanteados más de 5.000 contratados, y aún está pendiente la situación de otros 500. El gobierno está transfiriendo hospitales y centros de salud a las intendencias. Luego de esto. el tema del plantel no es el primer punto de la agenda de Mestre, aunque llegado el momento condicionará la ‘estabilidad’ al cumplimiento de los objetivos de ‘productividad’. 

Los estatales ya están en el mismo barco que los metalúrgicos y mecánicos, el convenio Fiat. La política de conciliación de Pihén no puede ofrecer nada. Llamamos a luchar contra el plan del Banco Mundial y a reclamar y organizar plenarios abiertos de delegados y activistas.