Sindicales

2/12/2010|1157

El ‘pacto social’, otra tentativa …y van

El pacto ‘social’ petrolero surgió de una iniciativa de los patrones: Eskenazi de YPF y Bulgheroni de Panamerican Energy. Ezequiel Eskenazi, sin embargo, tuvo que mentir en forma descarada para defenderlo, al alegar que “en los últimos años, hubo notables mejoras en el diálogo con los sindicatos” (BAE, 14/11). No se entendería entonces por qué este clima de idilio requiere ahora una cláusula, la más importante del acta firmada, que reza: “las partes ratifican su rechazo al corte de rutas y/o bloqueo de acceso de los lugares de trabajo como metodología de protesta habida cuenta de las graves consecuencias que esto significa para toda la sociedad y, muy especialmente, para las economías regionales”. Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Al estampar su firma, un hecho inaudito en un ‘pacto’ entre patrones y la burocracia, la Presidenta tuvo que amenazar amigablemente: “si cortan una ruta, los mato, los meto a todos presos” (se corrigió, tal vez cayendo en la cuenta de la negra broma al mes del crimen de Mariano).

Quienes cortaron la ruta en Las Heras, cuando una rebelión popular acabó con el gobernador Sancho, fueron mayoritariamente los petroleros encuadrados en la Uocra, o sea tercerizados, apoyados por petroleros de convenio, en oposición al inmovilismo de los dirigentes oficiales. Es decir que la cláusula es contra los tercerizados -contra los delegados que “no responden al sindicalismo peronista”, algo extendido en la Patagonia.

El ‘pacto social’ petrolero es una demarcación de cancha de De Vido y la Presidenta para que Moyano y compañía lo vendan o impongan en los sindicatos de la CGT y, en el caso de Yasky, en la CTA. Esto ocurre cuando la intención de aumentar el precio de los combustibles se encuentra en marcha, como viene ocurriendo con las tarifas en general y como emerge del retorno al hogar del FMI. En la misma línea, se prepara otro ‘pacto’ con la industria minera, la otra rama privilegiada del gobierno de la ‘juventud maravillosa’. El Comité de Garantías integrado por la UIA y otras cámaras, la CGT, la CTA y el gobierno acaba de poner en acción otro pacto de hecho al disponer un régimen antihuelga para los gremios de la salud (ver nota). El argumento de que se trata de una actividad sensible funciona para atacar el derecho a reclamar por parte de los que hacen el trabajo sensible, pero no para dar soluciones a quienes la califican por decreto como tal. Es un antecedente para reglamentar el derecho de huelga para los “servicios públicos”.

Así se van definiendo las paritarias de “Cristina 2011”, las primeras víctimas de la tentativa reeleccionista, que necesita para ello la aprobación del ‘establishment’ internacional -el G20, sin que para esto importe lo que revela el sitio Wikileaks. El Ejecutivo mandó cajonear el proyecto de participación en las ganancias, pero no el que prohíbe el derecho a recurrir a la Justicia a un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo, ni el proyecto que permitiría que las ganancias sean ajustadas hacia abajo por inflación a la hora de pagar el impuesto respectivo, que de todos modos las patronales evaden. Pero no ajusta del mismo modo el IVA, que sube con el aumento de los precios, el cual los consumidores deben pagar, pues de lo contrario no podrían ni comer ni vestirse.

“A partir de petroleros y mineros vendrán los demás y después la CGT”, ordenó De Vido como si le hablara a una fila de presos que marcha al cadalso. Moyano para lo último. La desempolvada política del pacto social, que ya usó en la campaña presidencial 2007, es ahora una reacción tardía a las formidables luchas que rompieron los topes de aumentos salariales este año.

Semejantes pactos con las patotas cuando están yendo presos, cuando los tercerizados de todo el país buscan seguir la ruta del Roca, cuando el subte ha impuesto la inscripción de su nuevo sindicato, con paros docentes y algunas huelgas fabriles por doble aguinaldo. La intención oficial enfrenta una voluntad de lucha de los trabajadores.