En el borrador del proyecto de ley del Plan Maestro se destacan como antecedentes centrales a anteriores leyes educativas, entre ellas la Federal del año 93, cuyo número es 24.195 y su sustituta la de 2006, 26.206.

 

Recordemos que la Ley Federal sancionó que la educación especial dejaba de ser una rama diferenciada de la enseñanza y pasaba a ser una modalidad más dentro del sistema de educativo común.

 

Es sobre esta base que el Plan Maestro retoma y continúa el ataque a la EE al remarcar que “nuestro país ha adoptado una política de inclusión educativa (se apoya en la ley K de 2006) (…) (que) permite desarrollar los aprendizajes de los niños y jóvenes con discapacidad en espacios no segregados…” Y continúa: “la meta para la educación especial para este decenio está orientada a garantizar el acceso a la educación inclusiva de calidad para todos los alumnos en edad escolar…”. Para terminar diciendo que la clave está en los docentes donde se requerirían “la confluencia de diversos perfiles profesionales: maestros formados para implementar las políticas de inclusión, docentes de apoyo a la educación especial con desempeño dentro de la institución escolar y equipos asesores itinerantes especializados en discapacidad. En todos los casos, resulta imprescindible diseñar estrategias de capacitación permanente en servicio.”

 

Antecedentes

 

La política de ataque a las escuelas especiales se ha dado en forma continua desde la famosa expresión de Farías de Castro de que el Estado no tenía por qué hacerse cargo de la educación “de los hijos de prostitutas, alcohólicas y drogadictos”. El Estado y sus diferentes gobiernos buscaron otros caminos desde entonces y lograron una continuidad en lo que nosotros llamamos “la política de Farías de Castro por otros medios”. De la ley Federal menemista y su capítulo sobre integración de alumnos con NEE (necesidades educativas especiales) se “pega” un salto con la ley kirchnerista de 2006, llamada de inclusión, y ahora con el Plan Maestro. Todas apuntan a vaciar las escuelas especiales en nombre de la igualdad, de la inclusión, etc.

 

Cuando analizamos en un todo continuo estas leyes, apreciamos cómo su norte es atacar a las escuelas especiales, por eso se las identifica como espacios segregados para descalificarlas. Pero las escuelas especiales se erigieron en forma diferenciada justamente para impartir una educación especial, haciendo eje en una educación personalizada, tarea que no se puede llevar adelante en el sistema común. Es más, el propio borrador habla de niños mal diagnosticados como retardo mental leve y que quizás sólo tengan problemas de aprendizaje; pero estos problemas de aprendizaje sólo pueden ser abordados en forma personalizada dentro de las escuelas normales si se baja el número de alumnos por aula, cosa que el Estado no realiza. Este es el corazón del ataque a la EE: romper con la relación docentes-alumnos de las escuelas especiales (educación personalizada) y llevarla a la que se tiene en las escuelas normales.

 

En un análisis de la situación de la EE de 2005, mostrábamos como en el Chaco se había llevado adelante una política de integración masiva y cómo, para ello, se había capacitado a docentes de escuelas primarias; por ello, lo veíamos como un modelo para todo el país (ver folleto de Tribuna Docente “Las reformas capitalistas de la educación, en la Argentina y en el mundo”, artículo “Educación Especial: cuadro de situación”) Allí, hasta aquel año, “el 36% de los maestros de grado pertenecientes al área de EE (aproximadamente 100 docentes) prestan servicio de apoyo a la integración y colaboran con el proceso de retención de 1.236 alumnos distribuidos en aproximadamente 241 establecimientos educativos pertenecientes a los diferentes niveles educativos del sistema común diseminados en toda la provincia del Chaco”. Aun así el promedio daba un docente integrador cada 13 alumnos.

 

Los antecedentes también pueden rastrearse en el anteproyecto que había entrado en la comisión de educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en el año 2004 que reforzaba la resolución 2543/03 que versa sobre “integración de alumnos con NEE en el contexto de una escuela inclusiva” (como se ve, en pleno gobierno K). En el anteproyecto mencionado, se describía que “hay en marcha unas 13.000 integraciones en las escuelas de la provincia”, pero se interroga porque no están integrados los 60.000 alumnos restantes; en forma harto demagógica plantean que se están vulnerando los derechos y deseos de esos padres que quieren ver a sus hijos a la par de los demás, ante lo cual plantean priorizar la socialización por sobre su educación; y, para rematar, a sabiendas que no alcanzarían los docentes especiales para esa cantidad de alumnos, llaman a capacitar a los docentes de EGB e inicial para poder recibir y contener a ese alumnado. Como se ve, es la política llevada adelante en el Chaco” (folleto de Tribuna Docente ya citado).

 

Igualdad de oportunidades y necesidades

 

El salto del que hablamos más arriba, entre la ley Federal menemista y la K de inclusión, no está dado sólo por la equiparación de estos conceptos diferentes, pues se supone que una integración llevada a su término resulta en una inclusión educativa; pero también podemos usar una integración como un recurso pedagógico más, sin que el sujeto en cuestión quede incluido en una escuela normal hasta finalizar sus estudios.

 

También, y quizás sea lo más importante, cambia la potestad sobre quién decide qué alumno se integra. Hasta la ley de inclusión era la escuela especial, su equipo interdisciplinario, quien decidía. Ahora son los padres quienes motivados por varias razones, pero por sobre todo por una política estatal que estigmatiza a la escuela especial (“espacio que segrega”, “discrimina”) deciden donde se debe impartir la educación de sus hijos. Ahí está el anteproyecto citado hablando que “se están vulnerando los derechos y deseos de esos padres que quieren ver a sus hijos a la par de los demás”.

 

Massa, en 2013, realizó un congreso en el municipio de Tigre sobre inclusión educativa donde también descalificó a las escuelas especiales como espacios que segregan y discriminan.

 

Se pasa por arriba a la mirada y al criterio pedagógico de personal profesional formado para trabajar en educación especial para dar rienda suelta a la demagogia de quienes no pueden garantizar las mismas oportunidades a nadie, para vaciar las escuelas especiales (ver revista Tribuna Docente N°107 “De Menem a Macri, pasando por los K,el ataque a la educación especial se profundiza”, sobre el vaciamiento de la matrícula en las escuelas 507 y 513 de Bahía Blanca) donde sus docentes y técnicos fueron pioneros en integración e inclusión aún antes de que existieran las leyes mencionadas.

 

Defendamos a las Escuelas Especiales, a sus docentes y alumnos

 

Ahora el Plan Maestro se traza para los próximos 10 años “garantizar el acceso a la educación inclusiva de calidad para todos los alumnos en edad escolar”; y también se plantea una política de asesores itinerantes en discapacidad y estrategias de capacitación permanentes en servicio para poder llevarla adelante.

 

Estas capacitaciones también apuntan a una mayor privatización y abrirán, como en otras áreas del sistema educativo, el negocio de los cursos habilitantes con puntaje.

 

La figura de los PPND (personal privado no docente) fue creada, justamente, para dar cobertura a la demanda de alumnos integrados que de la mano de esta nueva legislación se incrementó en forma exponencial. Este nuevo personal que cumple funciones de asistente de un alumno integrado, o directamente la función de integrador, está por fuera del Estatuto y son contratados por los padres a través de obras sociales o prepagas; cobran salarios promedios por debajo de los de un docente estatal, son monotributistas y no tienen estabilidad (su cargo depende del tiempo que dure el proyecto). Es decir que es personal flexibilizado y precarizado.

 

¿Inclusión? Hablemos de ello

 

El ataque a la Educación especial y a sus escuelas viene adornado con el cuento de la inclusión. En una sociedad productora de mercancías es claro que dicha inclusión sólo puede darse si uno está parado en uno de los lados del mostrador: o posee un medio de producción o trabaja para aquel que lo tiene.

 

Desde muy temprano la educación especial tomó este desafío y por ello impartió (e imparte) la adquisición de habilidades laborales para sus alumnos en una secuencia planificada: orientación manual-pretalleres-talleres-Centro de Formación Laboral. Esto, para aquellos alumnos que por su problemática no pudieran seguir su formación escolar común, bien podrían incluirse en la sociedad obteniendo una salida laboral por medio de los oficios aprendidos en los CFL.

 

En la provincia de Buenos Aires, por citar un ejemplo, la resolución 4418/06 es un intento de dar por cerrada la etapa de creación de CFL; la resolución citada habilita a que los alumnos de escuelas especiales reciban aquella formación en sociedades de fomento, clubes de barrio, etc. O sea la política de voluntariado de Vidal, Finocchiaro y Bullrich.

 

Es claro que al no ser considerado un sector productivo y en medio de una crisis económica mayúscula donde arrecian los cierres de empresas y los despidos, no hay lugar (desde el punto de vista patronal) para los discapacitados. Es aquí donde cobra su real magnitud el intento de aplicar el recorte a las pensiones para las personas discapacitadas, aplicando el decreto 432/97. No se las quiere educar, no se las quiere formar laboralmente y encima se les quiere quitar su único sustento, que por demás es totalmente insuficiente. El Estado no tiene una política inclusiva sino excluyente para las personas discapacitadas.

 

Sólo una sociedad que oriente la producción con otros fines podrá incluir a todas las personas más allá de sus dificultades físicas y mentales.

 

Conclusión

 

Podemos ver entonces, como el macrista Plan Maestro abreva en la ley de inclusión K y en la menemista Farías de Castro. Toda una política de Estado.

 

Los docentes de las escuelas especiales debemos debatir esta política de destrucción de la EE junto a las familias de nuestros alumnos, sacar todas las conclusiones y dar pelea por la educación integral de todos ellos.

 

Abajo el Plan Maestro.

 

Restitución de su carácter de Rama diferenciada de la enseñanza a la Educación Especial.

 

Defensa de la unidad pedagógica de las escuelas especiales; no a las escuelas de múltiple atención.

 

Defensa de la tarea integradora; potestad de los equipos interdisciplinarios de las escuelas especiales sobre integraciones educativas; creación de cargos para cubrir las mismas en una proporción no mayor a un docente cada 4 alumnos; por equipos de orientación escolar propios para esta tarea, respetando los propios de la escuela para los alumnos no integrados; creación de equipos de orientación en las escuelas donde se integra , allí donde no existan; intérpretes en Lengua de señas argentinas para la integración de alumnos sordos e hipoacúsicos, según la demanda; pago de viáticos en tiempo y forma según el costo real del boleto para los docentes integradores y sus apoyos técnicos. Incorporación de la figura PPND a la carrera docente y sus estatutos.

 

Creación de Centros de Formación Laboral en todos los distritos; derogación de la resolución 4418/06.

 

Derogación del decreto 432/97.