Una gran cantidad de empresas está recurriendo al denominado Procedimiento Preventivo de Crisis que las habilita a despedir trabajadores con una indemnización reducida y a modificar las condiciones de trabajo, quebrando conquistas logradas a lo largo de años de lucha y establecidas en los respectivos convenios colectivos de trabajo.

En el año 2018, un total de 146 empresas hicieron el trámite ante el Ministerio (ahora de la Producción, antes era el de Trabajo) para acogerse a este mecanismo del cual participan las direcciones sindicales que también deben dar su acuerdo para que pueda instrumentarse y que actúan, sistemáticamente, como una pata de apoyo de las patronales.

La recurrencia no ha sido sólo de pequeñas y medianas empresas sino también de grandes compañías como Carrefour y Femsa (la embotelladora de Coca Cola), que finalmente desistió del mismo porque, con el apoyo de la burocracia del sindicato, dispuso el despido de 32 trabajadores, sin la más mínima consulta con los operarios de la planta y ni siquiera con los cesanteados, que hoy se encuentran luchando por la reincorporación.

Este procedimiento funciona como un mecanismo de ajuste y abona una flexibilización “de hecho” de las relaciones laborales que ha crecido sostenidamente en los últimos años, al ritmo de la crisis. Las patronales de todo tamaño se han refugiado bajo la sombra del gobierno para avanzar por esta vía con la flexibilización que le reclaman a Macri y que éste aún no ha podido plasmar en una nueva ley de reforma laboral, postergada tras la rebelión que desató el robo de la mal llamada ´reforma previsional´ a finales de 2017.

Con distintos mecanismos, las empresas se han lanzado a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores o se aprovechan del escenario recesivo para avanzar sobre conquistas históricas de los trabajadores. Así sucede en los casos de Interpack, una empresa líder en su sector y sin crisis de por medio o en Fate, propiedad de uno de los más grandes grupos empresarios de la Argentina, donde quieren “racionalizar” (despidos) y superexplotar a los trabajadores que queden en la planta.

Si logran demostrar algún elemento de crisis, los procedimientos preventivos les dan una cobertura legal para llevar a cabo el ajuste y la flexibilización con un costo sustancialmente menor.

Ante esto, las burocracias de todo tipo –aun las que denuncian el carácter de este procedimiento – se han convertido en un apoyo decisivo para la ofensiva patronal. Con el argumento de que la crisis golpea por igual a obreros y patrones, la burocracia plantea “un frente” con los empresarios que flexibilizan y despiden y que recurren al procedimiento preventivo para hacerlo con menos plata, sustrayéndosela a los obreros.

Así, el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), declaró que “la decisión es juntarnos (con los empresarios) para fijar puntos de coincidencia ante la crisis tremenda que nos castiga y resolver medidas de protesta” (BAE, 25/2). A ese planteo, según el diario, también se suma el sindicato metalúrgico, donde habrían declarado al periodista que “serán acompañados por los empresarios que sufren lo peor de esta economía”.

Con esta orientación antiobrera, la burocracia del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, encabezada por Guillermo Pereyra, en medio de centenares de suspensiones y despidos de petroleros, suscribió un acuerdo con las patronales donde abandona puntos del convenio y acepta una drástica restricción al derecho de huelga. El burócrata petrolero ahora amenaza con hacer caer los acuerdos flexibilizadores por la quita de subsidios, que Techint responde con despidos.

Otro tanto hizo la burocracia metalúrgica de Tierra del Fuego, que acaba de firmar una paritaria del 24% de aumento en tres cómodas cuotas, cuando la inflación proyectada por el Banco Central para el 2018 supera holgadamente esa cifra. Pero, además, establece que las empresas solo garantizan 140 horas mensuales de trabajo – un 30% menos que las normales – y que, “de acuerdo a las necesidades de producción, se habilitan suspensiones (de todo o parte del personal) abonando el 70% del salario” (TierradelFuego.info, 15/2).

Al acuerdo se le suma la “paz social”, es decir sin huelgas, hasta junio del 2020. Por su parte, la patronal se compromete a no despedir. Esto cuando en los últimos cinco años se ha perdido la mitad de los puestos de trabajo en la industria metalúrgica instalada en la isla.

Los obreros no estamos en el mismo campo que los patrones. Estos buscan descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

La burocracia está colocada decididamente en el terreno de las patronales y como garante de la gobernabilidad para el gobierno.

El programa obrero debe plantear:

Que la crisis la paguen los que la generaron: los capitalistas.

No a los procedimientos preventivos de crisis. Que se distribuyan las horas de trabajo sin afectar el salario. Paritarias que cubran el alza inflacionaria, con actualización mensual.

Ocupación de toda fábrica que cierre o despida masivamente.

Contra el ajuste del gobierno, los gobernadores y el FMI: paro activo de 36 horas y plan de lucha hasta derrotarlo.