El programa del “Movimiento de Empresas Recuperadas”, a diferencia del que plantea el control y la gestión obrera, reclama una “reforma de la Ley de Quiebras” y la creación de un “fondo fiduciario” con la finalidad de que se habilite el otorgamiento a los trabajadores del manejo de la empresa en quiebra por el plazo de dos años. Vencidos los dos años, se vuelve al punto de partida: la patronal retoma el control de la empresa y la facultad de desalojar a los trabajadores, quienes para continuar con su actividad deberían comprar la planta.

En el curso de estos dos años, la empresa queda bajo la tutela del juez y del síndico de la quiebra, para velar por los intereses de la masa de acreedores. Así planteado, el reclamo apunta a una salida no solamente precaria sino funcional al rescate del capital (o sea del propietario en quiebra o de los acreedores). En caso de que la empresa saliera a flote, el esfuerzo obrero –expresado en la revalorización de los activos– terminaría siendo apropiado por los acreedores.

El período de dos años coincide, por otra parte, con las expectativas que tiene cifradas el capital en una salida de la crisis actual y en una nueva expansión de los negocios. En este contexto, los dos años se convierten en el intervalo necesario para rehabilitar las empresas, cuyo costo y riesgo es cargado enteramente sobre las espaldas de los trabajadores.

La reforma circunscribe su acción a las empresas quebradas, aunque nadie ignora que las empresas bajo esa condición son una minoría dentro del mapa de fábricas abandonadas. Bajo esta óptica, quedan afuera las empresas que despiden en forma masiva o que son vaciadas, o las que como Grissinópoli, Brukman y Zanón, aún no tienen declarada la quiebra. Tampoco tiene en cuenta que una vez que se decreta la quiebra, puede que ya sea tarde, o sea que el proceso de vaciamiento está avanzado o consumado.

La misma limitación se registra en relación al “fondo fiduciario”. Los recursos que reúna y preste este fondo tendrán como contrapartida un reaseguro. Las fábricas autogestionadas deberán ofrecer las garantías necesarias para asegurar la devolución de la deuda. No estamos frente a un subsidio no reintegrable sino a un préstamo que condiciona el desenvolvimiento de la gestión obrera y que está atado a una serie de restricciones, o cuyo monto, condiciones de entrega y devolución y tasa de interés son desconocidos. Bajo estas condiciones, en lugar de apuntalar la gestión obrera, el “fondo fiduciario” es un arma letal que la lleva al hundimiento o a que el Estado meta mano en ella.

Este programa apunta a reconstruir las empresas sobre bases capitalistas. El gerente de una de esas fábricas, Eduardo Murúa, le dijo a The Economist que este movimiento “no amenaza a las compañías capitalistas” sino que “simplemente estamos tomando el control de las empresas que no funcionan”.

El “Movimiento de Empresas Recuperadas” aboga por la “autogestión”, para que los trabajadores de las fábricas ocupadas se conviertan en sus dueños capitalistas. La autoexplotación hasta el extremo de no cobrar un peso (“vivir a pan y agua”), se justificaría en función de la posibilidad de comprar los activos de la empresa.

Pero las expectativas de progreso son infundadas. En el hipotético caso en que las empresas ocupadas, o al menos algunas de ellas, lograran sobrevivir a la crisis actual y se insertaran en un proceso de recuperación económica en términos capitalistas –lo que supondrá previamente la imposición de los planes del FMI y una derrota obrera–, esas empresas perderían su actual carácter para terminar evolucionando hacia formas de explotación capitalistas tradicionales. Asistiríamos a la degeneración o desaparición de la gestión obrera, ya sea a través de un proceso de autoexplotación y diferenciación interior dentro del colectivo obrero, o directamente a través del copamiento de la empresa por algún grupo capitalista o por una combinación de ambas alternativas.

La salida que propone el “Movimiento de Empresas Recuperadas” es precaria, está circunscripta a un universo legal muy estrecho de fábricas, y ofrece una perspectiva social contradictoria. Pero la realidad es que asistimos a una disolución del régimen social, con millones de desocupados y subocupados y de explotados sometidos a la pobreza y a la indigencia. Este colapso reclama una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales. O las fábricas ocupadas forman parte de esa transformación o, de lo contrario, están condenadas a ser trituradas por la ofensiva capitalista.

El movimiento de ocupaciones no se ha extendido aún a las grandes concentraciones fabriles. Ese límite es el que, a su turno, explica el “protagonismo” que tiene este nucleamiento, pese a la estrechez de sus planteos y, por sobre todo, de sus pretensiones. La entrada en acción del corazón de la clase obrera industrial replanteará a otra escala el alcance de las ocupaciones de empresas.