El Pts propone la “administración obrera” para las fábricas ocupadas. En Zanón, dice, “….los trabajadores presentaron públicamente el proyecto de administración obrera transitoria para mantener en operaciones la fábrica con la totalidad de sus trabajadores, con un plan que incluye aumentar la producción y los puestos de trabajo. Esta propuesta fue presentada como parte del camino hacia la estatización bajo control de los trabajadores de la planta para que las ganancias puedan ser aprovechadas por toda la comunidad… que difiere sustancialmente de quienes proponen formar cooperativas”.

El propio PTS reconoce que lo que pregona es un régimen de transición al subrayar que se trata de una salida “en el camino de la estatizacion”. Es decir, un escalón intermedio en el cual la fábrica no está estatizada, ni siquiera, expropiada, …sigue en manos de sus antiguos dueños.

¿En qué consiste esta “administración obrera”? En que el juez otorgue a los trabajadores, en el marco de la causa judicial por convocatoria de acreedores, la administración de la empresa.

En la Ley de Quiebras está presente, precisamente, la figura del “coadministrador”, un funcionario más del concurso, que actúa por mandato del juez, y coordina con el síndico y el comité de acreedores la supervisión de la sociedad. Su función es “el cumplimiento del acuerdo preventivo y de la liquidación en la quiebra”.

Resulta claro, en este contexto, que la “coadministración”, aunque sea asumida por el colectivo de trabajadores, sería funcional a la quiebra o a un acuerdo con los acreedores. En la actualidad, los trabajadores vienen ejerciendo la administración de la planta en forma independiente. Si se convierten en “administradores judiciales” , pasarían a estar bajo la tutela del juez y a merced de los avatares de la convocatoria y las demandas de los acreedores. Si hay algo que no ocurre, contra lo que sostiene el PTS, es que, en el marco de la convocatoria, las “ganancias” vayan a a parar a la “comunidad” ; dichas ganancias son patrimonio de los acreedores. La propuesta del PTS permite al capital y al propio Estado, vía la causa judicial, meter una cuña y reconquistar una injerencia en el funcionamiento de la fábrica que hasta ahora no tenía ni había logrado imponer. La administración obrera judicial conspira contra la administración obrera real, que los compañeros han conquistado con su lucha.

Lo que hay que hacer es lo opuesto a lo que plantea el PTS. En lugar de integrarse al concurso judicial –aunque se lo haga bajo el revolucionario disfraz de “administración obrera”– hay que apartarse del mismo. El destino de los trabajadores debe separarse del destino de los acreedores y eso supone, en primer lugar, la expropiación de la planta, sin resarcimiento económico, y luchar para que esos fondos sean entregados a la gestión obrera.

De tanto batir el parche sobre “la estatización bajo control de los trabajadores”, el Pts ha terminado convirtiendo la consigna en una salida judicial, al servicio del capital.

La estatización burguesa de una empresa vaciada, judicial o no, tiene un carácter reaccionario porque pretende el rescate, a costa del pueblo, de un régimen social superado. Le otorga al aparato estatal los instrumentos y la fuerza para destruir la gestión obrera que se ha desarrollado con independencia del Estado, lo que llevaría en última instancia a realizar los objetivos del capital, bajo forma estatal o reprivatizando. La expropiación de la planta, y la entrega de ella a los trabajadores, es el punto de partida de cualquier reorganización obrera y progresista y constituye, un paso adelante pues se trata de una organización independiente del estado, fundada en la autonomía de clase. La forma que adopte la gestión obrera dependerá del conjunto de condiciones de la lucha.

La cuestión es abrir una perspectiva de conjunto a las fábricas en manos de los trabajadores. Por eso planteamos la expropiación inmediata y sin resarcimiento de los bienes y su entrega gratuita a los trabajadores; subsidios no reintegrables, convertir a la planta en proveedor privilegiado del Estado, etc., y un frente de fábricas ocupadas para atacar la propiedad capitalista del sistema financiero, condición para el éxito de la gestión obrera.

Estas iniciativas entran en choque con el orden social vigente y plantean una lucha general. El destino de cada fábrica ocupada no puede separarse, en definitiva, del destino general del movimiento obrero. Colocamos cada una de estas experiencias de lucha como parte del movimiento común de lucha de fábricas ocupadas con vistas a la creación de un ente único coordinador de fábricas gestionadas y una banca estatal única bajo gestión obrera.