El gobierno de Mendoza ha estado desde hace un mes preparando y tanteando el terreno para atacar los salarios estatales, pero no ha logrado más que poner en alerta a las y los trabajadores.

Primero, el ministro de Hacienda Lisandro Nieri anunció que no sabían si iban a poder afrontar los salarios de mayo, para unas semanas después plantear la hipótesis del pago escalonado. Lo cierto es que al día de hoy los trabajadores del Estado mendocino no tienen certezas sobre cuándo, cómo y cuánto cobrarán del salario de mayo y el medio aguinaldo.

Este no sería el primer ataque al bolsillo de este 2020. En el caso de los empleados de planta, los salarios están congelados desde enero. Los prestadores y contratados no tienen aumento desde octubre. Estamos ante una rebaja salarial en los hechos, debido a que la inflación acumulada desde enero es del 8,8%, si contamos válido el 0,5% que la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) presentó como inflación de abril -una burla.

En la mayoría de los municipios incluso han procedido a recortes nominales a partir de la quita de ítems relacionados a la producción y el presentismo. En el espectro provincial también hubo recortes nominales en el Casino y la ATM (Administración Tributaria Mendoza). En todos los casos se hizo sentir el rechazo de los trabajadores con asambleas y demás medidas.

El gobernador Rodolfo Suárez (UCR-Cambiemos) se escuda detrás del Covid-19 para justificar el ajuste en marcha sobre los trabajadores, pero los primeros días de marzo ya había dejado claras sus intenciones. Allí hizo su única oferta salarial en paritaria que consistía en $3.000 en dos cuotas sólo a quienes cobraran menos de $40.000 de salario bruto. Por supuesto, excluía a los prestadores de salud. Frente a esto, los sindicatos estatales y docentes se limitaron al rechazo, pero sin organizar ninguna acción de lucha u organización.

Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas…

En lo que va del año Mendoza pagó 3.156 millones de pesos de deuda, entre organismos nacionales e internacionales. Este monto equivale prácticamente al desembolso necesario para pagar el comprometido medio aguinaldo a toda la planta estatal provincial. Sí, los salarios también son una deuda del Estado y debieran ser la prioridad.

Entre mayo y junio vence otro tanto, 3.360 millones de pesos, aunque en este caso la mayoría es a bonistas extranjeros y todo indica que el gobierno se encamina a pagarlo, en sintonía con el gobierno nacional. Siguen vigentes también los contratos millonarios con empresas privadas para la obra pública y tercerizaciones, así como la pauta publicitaria y los subsidios a las grandes empresas.

A dónde se destinan los fondos provinciales es una decisión política, ni más ni menos.

Que la tortilla se vuelva

Todos los esfuerzos mediáticos y comunicacionales del gobierno están puestos en hacernos creer que la crisis de la provincia es pura y exclusivamente producto de la cuarentena obligatoria y la consecuente paralización de la economía. Sin embargo, la cuarentena sólo ha profundizado y acelerado los ritmos de la crisis ya existente.

El empresariado y sus gobiernos pretenden más que nunca descargar la recesión y depresión económica en la espalda de las familias trabajadoras. Debemos oponerles un programa obrero, como el no pago de la deuda externa, un impuesto real a las grandes fortunas del país, y la nacionalización de la banca y el comercio exterior.

La disputa por quién paga la crisis está abierta y la deliberación y organización de las y los trabajadores puede dar vuelta la partida: vamos a fondo por que la paguen los capitalistas.