La muerte del joven camillero Emanuel García, quién falleciera al caer desde la terraza del Hospital Posadas cuando intentaba evitar el suicidio de un paciente psiquiátrico, no puede ser adjudicada a un “accidente laboral”. Se trata de un crimen social y sanitario que terminó por cobrar la vida del paciente y el trabajador.

Los testimonios que describen la tragedia hablan por sí mismos sobre el desguace que la salud pública y mental está atravesando en las unidades hospitalarias públicas, especialmente, de la Provincia de Buenos Aires (a pesar que el Hospital Posadas dependa del Estado Nacional).

 

La denuncia de los trabajadores

Durante la madrugada del jueves 13, el paciente arribó a la guardia médica del Hospital Posadas, acompañado de sus familiares, con un cuadro de crisis aguda. Fue inmediatamente derivado a la guardia psiquiátrica, ubicada en el séptimo (y último) piso del Hospital y con una terraza lindante (!). En un descuido y sin las garantías mínimas necesarias, el paciente logró ingresar a esa terraza donde se produjo el trágico desenlace.

Los trabajadores y profesionales del Hospital -que horas después del accidente  ocuparon y pararon el Hospital, además de cortar el Acceso Oeste como señal de protesta- denunciaron que la muerte de Emanuel y el paciente fue la “crónica de una muerte anunciada”. Los directivos del Hospital habían desoído, con el argumento de la “falta de espacio”, los reclamos previos realizados por los trabajadores respecto a la necesidad de trasladar la guardia psiquiátrica a la planta baja luego que se produjeran episodios similares en el pasado.

Los trabajadores denunciaron, además, que “las puertas de acceso a la terraza estaban libres” y que “hay un hermoso edificio adelante pero no se resolvieron las condiciones de trabajo del servicio de rehabilitación y psiquiatría… faltan insumos y equipamiento…aunque las ventanas tienen rejas, no hay servicio de internación psiquiátrica específica” (Clarín, 14/11/14). También cabe mencionar que el intento de auxilio de Emanuel no correspondía a sus tareas formales.

 

La destrucción de la salud mental

La Ley Nacional de Salud Mental, aprobada en el año 2010 y reglamentada el año pasado –venerada tanto por el kirchnerismo como por casi todo el arco “progresista”- insta al cierre de los hospitales monovalentes de Salud Mental (comúnmente llamados “neuropsiquiátricos”) y a efectuar las internaciones psiquiátricas en los hospitales generales “con recursos necesarios” (Art. 28, Ley 26.657 ). De hecho, el Gobierno Nacional en su Plan de Salud Mental ha fijado el año 2020 como plazo final de cierre de los hospitales monovalentes. 

Mientras muchos pretendían insinuar que la Ley abriría las puertas de la “desmanicomialización”, en Prensa Obrera anticipábamos que en nombre de una presunta reforma se profundizaría el ajuste y la privatización de la salud pública y mental. En el artículo “Hecha la ley, hecha la trampa” (PO N° 1157, 01/12/10), cuatro años atrás, advertíamos algunas consecuencias del cierre gradual de sectores de internación psiquiátrica en monovalentes y el traslado de las mismas a hospitales generales, “…la situación planteada al día de la fecha resulta ser la manifiesta situación de colapso de los hospitales generales (y no sólo monovalentes) en todo el país. Los ‘recursos necesarios’ librados a la ‘interpretación’ de los gobiernos capitalistas provinciales y municipales (sumado al Estado nacional) en la perspectiva del traspaso planteado directamente abriría una instancia de agravamiento de la atención en la red hospitalaria, particularmente en lo que se refiere a la asistencia de pacientes psiquiátricos internados…”. 

Al “día de la fecha”, y de acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, lo que prevalece en el Hospital Posadas –y en otros centros de salud- es la precarización laboral, jornadas extenuantes para enfermeros y profesionales y un derrumbe edilicio generalizado. 

Parece una burla del destino que el actual director del Hospital Posadas, el confeso kirchnerista Donato Spaccavento, sea el mismo que al momento de asumir en 2006 como Secretario de Salud del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Telerman, había declarado que quería que su gestión fuera recordada como “la que terminó con los manicomios en la ciudad de Buenos Aires…me gustaría que la gente se acordara de mí diciendo: el Tano Spaccavento pasó a la gente de los manicomios a la comunidad”. (Página/12, 23/03/06). 

La “tragedia” que cobró la vida de Emanuel y el paciente tiene sus responsables políticos en los vaciadores y destructores de la salud pública.