23/10/1998 | 605

En defensa del hospital público

Los médicos de los hospitales provinciales acaban de cumplir un vigoroso paro de 48 horas como parte de un plan de lucha que ya lleva cuatro meses con asambleas públicas y paros de 7 horas todos los martes, y se plantean realizar ahora un nuevo paro, pero sin guardias mínimas. La «rebelión médica» es una vigorosa respuesta a la destrucción de la salud pública llevada adelante por Mestre. En los tres años de gestión, el actual gobierno redujo en un 40% los cargos médicos jerárquicos, desmantelando servicios enteros; redujo en un 50% el presupuesto de salud y transfirió a los municipios varios hospitales, además de plantearse el cierre de por lo menos 3 hospitales. La política del gobierno es la dictada por el Banco Mundial: privatización de la salud (ya se está haciendo en forma encubierta a través de la tercerización de servicios) y la «autogestión hospitalaria». Mestre recorre el Interior repartiendo carnets de IPAM (la obra social de los empleados de provincia) entre los ‘carecientes’ con el objetivo declarado de que, a partir del año que viene, los hospitales deberán obtener sus recursos de facturar a las obras sociales o al gobierno (por el IPAM) la atención hospitalaria: el que no tenga obra social o no haya accedido a un carnet de IPAM (que se renueva anualmente) quedará lisa y llanamente sin cobertura médica.


Los médicos reclaman la cobertura de los cargos perdidos; el mantenimiento de los actuales hospitales; el pago a los residentes (sólo el 10% está becado) que hoy son prácticamente el sostén de la atención; el cumplimiento de la ley 7625 (de los equipos de salud) que contempla el tema de los concursos y las recategorizaciones, que se les adeudan desde el ‘94; y un incremento salarial ya que un médico con 20 años de antigüedad y 7 horas diarias gana 500 pesos.


La lucha de los hospitales es una lucha tremendamente popular, a las asambleas de los martes se suman pacientes, vecinos de los barrios aledaños y el personal de los hospitales ‘representados’ por el Sindicato de Empleados Públicos (enfermeras, personal administrativo y de mantenimiento). La directiva del SEP se ‘ha sumado’ al conflicto para desvirtuar los reclamos, ya que coloca como eje el aumento salarial; la justeza del mismo no esconde la verdadera política del SEP: impedir una lucha común de todo el personal de los hospitales y los usuarios en la defensa del hospital público, su intervención ha pretendido quitar del centro de la escena a la Intergremial Hospitalaria (formada por los profesionales de la salud con representantes elegidos en las asambleas de los hospitales). La política de la burocracia del SEP es una expresión del conjunto de la burocracia sindical de Córdoba que, en los cuatro meses que lleva luchando no ha establecido ni una sola medida en apoyo a la misma, pero sí se han reunido con Mestre para asegurar la «tranquilidad social» hasta las elecciones del 20 de diciembre.


Los médicos están desarrollando la lucha con mucho vigor, pero han sido dejados aislados en una reivindicación que es una cuestión de Estado para el conjunto de los trabajadores cordobeses: la defensa de la salud estatal y gratuita. Se impone una acción de todo el pueblo con ese objetivo: asamblea popular en defensa del hospital público.

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