El proceso de ocupación de empresas crece. Ahora, se suma la ocupación de Transportes Río de la Plata, que no hace más que anticipar medidas similares en otras empresas del rubro; y la ocupación de la Clínica Portuguesa por las asambleas populares, para que sea puesta nuevamente en funcionamiento. Las tentativas de desalojos han tropezado con la resistencia de los trabajadores, respaldados por las asambleas, el movimiento piquetero y las organizaciones populares. Lavalán, que constituyó el globo de ensayo más ambicioso y la pulseada más fuerte en la materia, terminó con un revés para la patronal y el Estado.

Tomando en cuenta la explosividad de la situación, el gobierno ha debido ceder. Las leyes votadas en las legislaturas y concejos deliberantes, al declarar la expropiación u ocupación transitoria de los establecimientos, descomprimen la situación represiva al proteger a los trabajadores contra una tentativa de desalojo. Pero desde el punto de vista de su contenido, estas leyes no pasan de ser expropiaciones truchas que no ofrecen ninguna solución a los trabajadores. El Estado se desentiende de cualquier apoyo a la gestión de los trabajadores, e incluso evade sus responsabilidades en materia de protección laboral, sanitaria o jubilatoria.

Las patronales, en cambio, son recompensadas generosamente. Mientras los trabajadores están suspendidos en el aire, no sabiendo si van a cobrar un sueldo y a cuánto va a ascender el mismo, sometidos a una autoexplotación, los dueños o sus acreedores pasan a tener un ingreso fijo asegurado, ya sea a través de una indemnización o el reconocimiento de un alquiler.

Las ocupaciones de fábrica ponen en tela de juicio y desafían el derecho de propiedad de los capitalistas. Los trabajadores, a través de su acción directa, mediante la gestión obrera y poniendo las fábricas nuevamente en funcionamiento, están desconociendo a los viejos propietarios y ponen al rojo vivo la necesidad de expropiar al capital, de proceder a expropiar a los expropiadores y reorganizar la economía y la sociedad sobre nuevas bases sociales. Enfrentadas con esta perspectiva, para las patronales, estas leyes constituyen un reconocimiento de su derecho de propiedad y el derecho a un resarcimiento24 económico.

Estas leyes truchas han podido prosperar y hasta conquistar una viva adhesión entre los trabajadores, como resultado de la escasa estructuración del movimiento de fábricas ocupadas, la dispersión entre las diversas empresas en lucha y su débil fusión, todavía, con el movimiento piquetero y las asambleas. A esa atomización ha contribuido el centroizquierdismo, la Cta y la Pastoral Social, que abogan por la autogestión y los microemprendimientos, alentando la ficción de que los trabajadores pueden progresar en medio de la competencia capitalista. También han conspirado los que se oponen a la unidad con el movimiento piquetero.

En este cuadro, los trabajadores son colocados ante una extorsión: aceptan este producto adulterado mal llamado de “expropiación” o asumen las consecuencias de un desalojo. La extorsión es instrumentada arteramente por el Estado y cuenta con el respaldo de un amplio arco político, desde el Pj a la Ucr y que se extiende al Ari e Izquierda Unida. La centroizquierda y la izquierda, lejos de denunciar esta extorsión, han intervenido activamente en el diseño y redacción de los proyectos de ley truchos y en el armado del dispositivo que ha culminado en su aprobación.

Se pretende justificar esta conducta sosteniendo que no se ha hecho otra cosa que ser “portavoz” de los reclamos de los trabajadores, cuando, en realidad, han obrado en sentido inverso, como correa de transmisión del gobierno entre los trabajadores, planteando que había que circunscribir los reclamos a lo que el Estado patronal “estaba dispuesto a aceptar”.

Los proyectos de los que son artífices tanto el Ari como Izquierda Unida no se apartan del libreto pergeñado por el gobierno de Ibarra. Presentadas así las cosas, el menú que ofrece el gobierno porteño emerge como el único disponible: se lo toma o se lo deja. No cabe duda que estamos en presencia de un grosero chantaje. Los trabajadores no son los responsables de esta situación sino sus víctimas. Izquierda Unida, y en especial el Mst, hacen caso omiso de todas estas evidencias y no tienen el menor empacho en camuflar este proceso extorsivo como un “paso adelante” (acompañado, por supuesto, de la frase ritual, adaptada a la circunstancia, de que esto “no es suficiente” y de que “seguiremos peleando en el futuro por el resto de los reclamos”).

El desenlace provisorio que ha tenido el movimiento de lucha de las fábricas ocupadas no debe hacer perder de vista el carácter precario de la salida urdida por el gobierno. Todos los acuciantes problemas que enfrentan los trabajadores, empezando por el de la subsistencia, siguen en pie. Las fábricas en manos de los trabajadores están en absoluta orfandad, libradas a su propia suerte, sin capital de trabajo, sin fondos ni financiamiento. Salta a la vista la encerrona que representan estas expropiaciones truchas. La Baskonia o Panificación Cinco, que ni siquiera alcanzan a retirar un sueldo a fin de mes, son un testimonio de este proceso. El porvenir de las gestiones obreras está vinculado a su capacidad para abrir paso a la expropiación efectiva del capital sin indemnización, y a imponerle al Estado y sus bancos el auxilio y sostenimiento económico de los emprendimientos obreros.

Se pone a la orden del día la necesidad de una central de fábricas ocupadas capaz de darle una estatura nacional a la lucha de los trabajadores, y de la unión con los sindicatos y el movimiento piquetero para enfrentar de conjunto al capital y al Estado capitalista.