Sindicales

29/11/2018

Entre el ajuste del gobierno y la corte y la huelga general de los judiciales

En día de hoy, los judiciales estamos de paro nacional por el atraso en la recomposición salarial, y contra la reciente resolución de la Corte Suprema que permitió la aplicación del impuesto a las ganancias sobre salarios de jueces y judiciales –y que, de conjunto, da un punto de apoyo a la ofensiva del gobierno contra el conjunto de los trabajadores del país que cobran por encima del mínimo no imponible


Ganancias y rebaja salarial


El fallo de la Corte dejó sin efecto la medida cautelar que había obtenido la Asociación de Magistrados, para que los jueces nombrados con posterioridad al 1° de enero de 2017 (pero que hubiesen realizado la carrera judicial antes de esa fecha) no sean alcanzados por la ley  27.436, relativa a Ganancias y votada en 2016 por el gobierno y el PJ -con complicidad de la CGT.


Como la ley 27.436 habla de “nombramientos”, la medida cautelar había interpretado que el texto legal refería al concepto de “ingreso”, por lo que las instancias inferiores eximieron de pagar el tributo a los Secretarios que concursaron y fueron nombrados Jueces con posterioridad al 1° de enero de 2017. Por la misma cautelar, se había frenado la tributación para aquellos empleados judiciales que tuviesen un "nombramiento" a partir de un ascenso en la carrera administrativa.

La presión del Gobierno para obtener una sentencia a su medida se movió por distintas vías. Por un lado, el Jefe de Gabinete respondió negativamente y con un retraso de 25 días al pedido de partidas para pagar el aumento salarial del 20% que le hiciera la Corte –autorizando solo un 10%. Por el otro, trascendió que en los días previos al acuerdo del martes, Elisa Carrió le envió una carta al presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz en el que le exigía el desplazamiento del Administrador General Héctor Marchi (hombre de Ricardo Lorenzetti).  


Como se ve, la Corte se alineó con el gobierno en darle mayor validez al impuesto al salario, en el objetivo de hacer caja para el FMI no ya con retenciones de “ganancias” con las remuneraciones de 3.000 jueces (entre nacionales, federales y provinciales) sino con los salarios de alrededor de 100 mil trabajadores judiciales de las distintas jurisdicciones del país y de todos los trabajadores del país. 


Ahora, el gobierno le tira la pelota a la Corte para que sea esta la que otorgue el aumento salarial utilizando los recursos de reserva que tiene en el fondo anti-cíclico ($26 mil millones). Es en este plano que debe leerse el "ultimátum" que la Corte le envió al gobierno por la autorización de partidas y que hizo trascender hoy a través de distintos medios. El Gobierno quiere que los recursos del Tesoro para los salarios de los Judiciales vayan al pago de la deuda y la Corte no quiere utilizar el fondo anti-cíclico para para satisfacer las demandas de los trabajadores. 


No se pudrió de golpe


La directiva de la gremial UEJN, de Julio Piumato, realizó la primera medida de fuerza del año recién a mediados de septiembre. Antes de ello, se ocupó de hacer buena letra con la Corte y el Consejo de la Magistratura -entre otras cosas, para recibir sus bendiciones frente a la oposición antiburocrática de cara a las elecciones nacionales del sindicato.


De septiembre para acá, no faltaron los paros pero estos fueron completamente aislados entre sí. La directiva del sindicato combinó las medidas tiradas por arriba, sin convocatorias a asambleas, con fuertes pasos en falso -como los anuncios reiterados de que el aumento ya estaba garantizado y que el gobierno se había comprometido a no tratar el impuesto al salario para los judiciales este año. 


El kirchnerismo, agrupado en un gremio marginal y ajeno a los Judiciales (Sitraju), intenta balconear la lucha ocultando que fueron sus aliados legislativos los que votaron la ley de Ganancias,  y que mientras fueron gobierno militaron denodadamente por el impuesto al salario para los judiciales.


Con la huelga general


Ahora, que el tren le chocó en la cara, Piumato ha convocado a un paro general de 60 horas si el martes no hay una respuesta favorable al aumento salarial, arrancando el 5 de diciembre (con movilización) y continuando el 6 y el 7 de diciembre sin concurrencia.


Para superar los paros aislados, es necesaria la realización de plenarios de delegados y  asambleas en todos los edificios y oficinas de la Justicia para discutir  un plan de lucha de medidas progresivas.

Con la perspectiva de la huelga general, los judiciales podemos derrotar el ajuste de la Corte y del Gobierno. Con ese planteo se tiene que abrir paso la deliberación y organización en cada oficina judicial. Hay que parar hasta para quebrar el ajuste histórico que pretenden sobre el gremio.