Los empresarios del transporte se han lanzado a un lock out no declarado para forzar un nuevo aumento del boleto y avanzar en la destrucción del salario y las condiciones de trabajo de los obreros del volante. Cinco mil choferes de las líneas del sur del conurbano arrancaron el pago del sueldo de junio y el aguinaldo luego de una huelga “salvaje” de 24 horas, frente a la decisión de las patronales de postergar el pago de salarios, invocando “falta de recursos”. Prácticamente la totalidad de las empresas de transporte de Rosario descontaron 150 pesos del sueldo de los choferes pretextando “menor tarea”, esto por la incorporación de guardas a las unidades. Varias líneas de la Capital y el conurbano han reducido servicios y suspendido trabajadores.

En todos los casos las patronales del transporte reclaman un aumento del 25% del boleto frente al gasto de instalación de las boleteras y al “lucro cesante” que les producirían las nuevas máquinas, esto debido a que “son lentas, suben menos pasajeros y hay menos recaudación”. Los “argumentos” de la patronal del transporte se caen solos: el último aumento autorizado por el gobierno fue justamente para “compensar” la instalación de las boleteras. Desde el inicio  de la “convertibilidad”, el boleto mínimo aumentó un 60%, en tanto que los salarios de los choferes tuvieron un “ajuste” que no superó el 20%. Los patrones se beneficiaron, además, con el “vía libre” a servicios “diferenciales”, “semi-rápidos” o con cualquier otro nombre, que permitieron un aumento encubierto del boleto. Los patrones han sometido a los choferes a una superexplotación feroz, haciendo desaparecer la jornada de ocho horas, achicando los descansos por vuelta o aumentando al doble el tamaño de los colectivos (todo esto “autorizado” por  sucesivas actas de “flexibilización laboral” y “empleo temporario”, que suscribió invariablemente la burocracia de la UTA).

El propósito de los empresarios es un nuevo “boletazo” pero también avanzar en la reducción salarial y el trabajo a destajo. En lo posible, seguir aplazando la colocación de las  máquinas expendedoras de boletos o de los guardas. Las patronales de Rosario han “hecho punta” reduciendo directamente el jornal de sus asalariados y han anunciado el inminente despido en masa de los guardas. El 12 de agosto vence el acuerdo de “paz social” suscripto por la UTA y las cámaras empresariales, y éstas se han lanzado a un ataque en regla para reimponer el congelamiento salarial y la destrucción de conquistas frente a la inminente discusión sobre el salario y el convenio en todo el gremio.

La burocracia de la UTA ha actuado como “bombero” ante el reguero de luchas que se ha abierto ante la ofensiva patronal. Postergó el inicio de la huelga indefinida en Rosario y ha evitado toda medida de conjunto frente a conflictos que se suceden hora tras hora. Ha dejado al garete a los trabajadores de las líneas 140 y 142, cuyas licencias retiró el gobierno —según Palacios— porque “desde el Ministerio de Trabajo nos aseguraron (que) serán absorbidos por quien se adjudique la licitación”. Para el dirigente de UTA, “este tipo de conflictos puede extenderse por la mala administración de muchas líneas que no pueden seguir funcionando como lo están haciendo” (Página 12, 12/7), lo que no excluiría el aumento del boleto reclamado por las patronales, punto sobre el cual los dirigentes mantienen un silencio cómplice.

El problema político que enfrentan los empresarios del transporte es el clima explosivo en la base de la UTA y la gestación de condiciones similares a las que precedieron al colectivazo del Gran Buenos Aires, ahora con síntomas claros también en el interior.

El PO plantea: no al aumento del boleto, instalación ya de máquinas o guardas en todas las unidades, denuncia del convenio —básico de 1.200 pesos, fuera los “plus”, derogación de todas las “actas” de “flexibilización”, paro activo de advertencia.