La situación de las trabajadoras y trabajadores estatales de Córdoba se deteriora día a día, con salarios por debajo de la línea de la pobreza y con terribles condiciones laborales, sin que por ello las conducciones sindicales emprendan un plan de acción para recuperar lo perdido.

Un informe publicado por la CTA Autónoma da cuenta de que “la Ley de Presupuesto para Personal solamente destina el 42%” lo que “sería, en varias décadas, el presupuesto para los trabajadores más bajo de todos” -mientras en 1990 fue 68%, en 1998 un 49%, en 2004 un 47% y en 2020 el 43%, según la ejecución del presupuesto. Esto “a pesar de que la planta de trabajadores públicos, entre efectivos y contratados, creció más de un 50% en los últimos 20 años”, mostrando así  que se trata de menos recursos para más trabajadores. Lo que la central evita decir es quiénes son los responsables de esto y qué hacen ante la alarmante situación.

Esto se ve en concreto en el 25% de aumento promedio de las paritarias estatales durante un 2020 con una inflación del 36,1%; es decir una, pérdida mayor al 10%. Esto sin contar los años de recorte del macrismo con el Ministerio de Modernización.

El panorama hacia adelante se pone de manifiesto con la publicación del 4% de inflación en enero, que deschava el dibujo del presupuesto nacional y provincial (29% y 32% anual, respectivamente), que si lo proyectamos anualmente nos lleva arriba del 50%. Por ejemplo, en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas la inflación de enero es mayor (4,8%), lo que golpea doblemente a las familias trabajadoras. A su vez, Córdoba es más cara, con un IPC (Índice de Precios al Consumidor) de 5,82% en enero y en alimentos y bebidas 6,05% .

El Indec calcula la canasta básica en $54.207, dejando a gran parte de las y los estatales bajo la línea de pobreza y más cerca de la de indigencia. En el caso de las y los no docentes todo el tramo inicial queda en la pobreza; también el tramo intermedio, si tomamos los índices de la junta interna de ATE-Indec: $82.085.

Los gobiernos han descargado los costos del trabajo a distancia sobre nuestras espaldas y ahora presionan para la vuelta a la presencialidad sin contar con las condiciones de salubridad necesarias, una conducta criminal en medio del alza en contagios, que pone en peligro la vida de las y los estatales y nuestras familias.

Ante esta situación, las conducciones sindicales de 10 sindicatos estatales, nucleadas en la CGT Córdoba dicen que van a “recuperar lo perdido en 2020, un 8 o 10%” y  “un poco más de 33% en total” (La Voz del Interior, 11/2). Con esto desconocen que la mayoría de las y los estatales parten debajo de la línea de la pobreza y que el incremento de la canasta alimentaria fue del 45%, golpeando a los salarios más empobrecidos; ni hablar de que no contemplan la pérdida salarial acumulada en años.

Con estos anuncios, es claro que la burocracia anticipa un techo salarial del 30% para las próximas paritarias, con sumas en negro, tal y como lo reclaman el gobierno provincial y nacional.

La defensa del salario debe partir de la organización de la y los trabajadores, quienes definan en asambleas un porcentaje que lleve el salario mínimo a la canasta familiar y un plan de acción para conquistarlo. En este punto, la defensa de la cláusula gatillo y las jubilaciones y el rechazo de cualquier suma en negro, resulta clave para una verdadera recomposición salarial. Pongamos en pie los lugares de trabajo para avanzar en este sentido y vamos hacia una asamblea general de estatales para defender el salario.