El gobierno de Macri anunció, a través de los medios afines, el descongelamiento de 7.000 vacantes de planta permanente para trabajadores de la administración pública nacional. Bien visto, no se trata más que de una mascarada para mejor hacer pasar los despidos que viene realizando y preparando bajo el eufemismo de “dotaciones óptimas”. La medida fue acordada con UPCN.

De la misma manera que Triaca se valió de la supuesta baja de la desocupación para relanzar la reforma laboral, este anuncio tiene como objetivo atenuar la reacción que los trabajadores tengan contra la oleada de despidos que preparan. No sólo eso: el gobierno, junto a UPCN, preparan para los próximos días el anuncio de una paritaria incluso por debajo del techo impuesto por ellos mismos: 12% y nuevas cláusulas de productividad y presentismo.

Cabe señalar que el gobierno que hace alarde de los valores republicanos, incumple con la ley: el convenio colectivo de trabajo de los estatales nacionales establece que la contratación no permanente no superará el 15% de los cargos de planta permanente.  Sin embargo en la actualidad ese porcentaje se eleva a por lo menos al 70%, ya que no existen datos fehacientes de la enorme cantidad de monotributistas bajo figuras como locación de obra o servicio, asistente técnico, entre otras. En caso de darse, los 7.000 pases sólo representarían llevar ese porcentaje a por lo menos el 59%.

A pesar de no estar establecido los mecanismos de selección de los 7.000 cargos, ha trascendido que se limitaría a aquellos trabajadores con por lo menos 10 años de antigüedad en el Estado. Este criterio arbitrario exacerba lo acotado del paliativo y tiene como función poner en rivalidad a trabajadores que accederían a este reconocimiento con quienes permanecerán en la precariedad o lucharán contra su despido.

Es tarea del activismo y los sectores combativos poner en deliberación a los estatales para unificarlos bajo un programa y un plan de lucha: por el pase a planta permanente, por el fin de los despidos, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, aumento salarial del 25%, defensa de nuestros convenios colectivos.

 Una asamblea general de afiliados de los sindicatos estatales que se declaran opositores al macrismo abriría un canal de lucha y potenciaría los sectores en conflicto como el INTI y los mineros de Río Turbio.