El gobierno nacional anunció un plan de retiros voluntarios para la Administración Pública Nacional. Se trata de una nueva tentativa de profundizar el plan de “dotaciones óptimas” que contempla el despido de 30.000 estatales nacionales.

Los retiros funcionarían como el allanamiento para desarticular futuros reclamos. En primer lugar, porque ataca el último atisbo de estabilidad en la administración pública ya que está destinado a los trabajadores de planta permanente que no pueden ser despedidos con una “no renovación” de contrato como ha primado hasta ahora.

En segundo lugar, operan como un factor de desorganización y atomización al interior del colectivo de trabajadores, ya que divide a quienes rechacen de plano los planes del gobierno y quienes se vean obligados o persuadidos a aceptar el plan.

El carácter “voluntario” del retiro queda cuestionado cuando la enorme mayoría de los trabajadores estatales se encuentran con salarios por debajo de la canasta familiar. Apelan a la desesperación de familias fuertemente endeudadas o con dificultades para llegar a fin de mes producto de la bancarrota económica a la que nos llevaron los distintos gobiernos. Sumado a ello, el apriete personal por parte de funcionarios para que empleados accedan al retiro, no puede ser descartado.

Cabe destacar que incluso en términos indemnizatorios se trata de una estafa: el gobierno propone, en el mejor de los casos, para trabajadores de más de 10 años de antigüedad, una indemnización correspondiente a 4 salarios sumado a 2 años del 70% del sueldo actual que quedará rápidamente desvalorizado por devaluación e inflación. Incluso, los transcendidos mediáticos dejan abierta la posibilidad de que para acceder a dicha compensación, los trabajadores deberán atenerse a un régimen de “capacitaciones para la reinserción laboral”.

Cualquier conducción sindical honesta rechazaría este plan y lo denunciaría como un plan de despidos encubiertos. Sin embargo no es lo que ha ocurrido en términos generales ante la ofensiva macrista: UPCN encabeza el pelotón de sindicatos “dialoguistas” al armar los listados de despedidos y se prepara para una nueva entrega salarial del 12% y con nuevas cláusulas de destrucción del convenio.

Las distintas fracciones de ATE no han ofrecido una respuesta a los ataques del gobierno. Disimulan su disputa por la caja con una proliferación de medidas que operan como un factor de desmoralización y desorganización. Conscientemente han aislado conflictos de envergadura como los del INTI.

Para que los estatales podamos hacer frente al plan de guerra de Macri y los gobernadores la orientación y organización debe ser otra: un plan de lucha verdadero que pueda ser debatido y elaborado en asambleas de todas las dependencias. Una asamblea general de afiliados para su puesta en común y que sea una medida de lucha en sí misma. Ese es el planteo de Tribuna Estatal.