La extraordinaria movilización de más de cinco mil estatales el 4 de febrero al Ministerio de Modernización canalizó una fuerte disposición de los trabajadores a enfrentar el ajuste: contó con grandes columnas de los ministerios de Cultura, Salud, Economía, Justicia, de la ex Esma, de Fabricaciones Militares, entre otros.

 

El nuevo decreto que cancela los convenios con las universidades implicará una nueva oleada de despidos. La precarización de miles de trabajadores fue la condición para el manejo discrecional de cajas negras por parte del kirchnerismo. Macri no se ha privado de esta modalidad de “triangulación” y con este decreto busca “reempadronar” mediante la creación de un registro de los convenios entre el Estado y las universidades: es el método de Morales en Jujuy, esta vez para cooptar a las camarillas universitarias sin desmantelar el régimen de fraude laboral.

 

El Consejo Directivo Nacional de ATE junto a representantes de los consejos directivos provinciales, resolvió un paro y movilización para el 24 de febrero. Fecha lejana frente al cuadro de miles de despidos que comenzaron los primeros días del año y que pegaron un nuevo salto los últimos días de enero.

 

Lejos de buscar una profundización de la movilización del 4 de febrero, la fecha apunta a abrir un espacio de negoción con las autoridades del gobierno: Godoy anunció que será recibido por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el 18 de febrero. Y en una reunión con la Pastoral Social, que actúa como intermediaria del ministro de Trabajo en el “pacto social” no escrito, se planteó el compromiso de Jorge Triaca para recibirlo. Es decir, la conducción nacional de ATE se monta sobre los despidos y la lucha de los trabajadores para pedir su lugar en “la mesa del diálogo”.

 

El kirchnerismo de ATE, representado por la Verde y Blanca, sostuvo que el paro debía ser en marzo. Sin embargo, se reacomodó para no quedar aislado y a la derecha de la conducción nacional. Su política es colocar la lucha de los estatales en el campo de la “resistencia” K. Plantean una movilización divisionista encabezada por La Cámpora, ex funcionarios del gobierno kirchnerista, la CTA de Yasky y algunos sindicatos como la UTE o Pianelli del Subte, que han sido los garantes de la paz social de Macri en la Ciudad.

 

La conducción de ATE no organiza la lucha en las dependencias: pide “mesas de trabajo” para elaborar “listados”. Estos ya no se presentan por sindicato, sino por color: la Verde uno, la Verde y Blanca otro, UPCN el propio. Es una política que lleva a la derrota.

 

Deben ser las asambleas sin distinción de afiliación las que controlen los listados y el pase a planta de los trabajadores. La marcha del 4 de febrero ha expresado un gran espíritu de lucha y deja planteada la necesidad de organizar cada dependencia para lograr la reincorporación: los paros, ocupaciones y la acción directa de los despedidos con acampes y piquetes, constituyen métodos de lucha y organización para superar la política de la burocracia sindical.

 

Este paro es una nueva medida aislada que no forma parte de un plan de lucha. Sin embargo, al ser la única medida convocada por un sindicato luego de veinte mil despidos en el Estado y otros tantos en el sector privado, debe convertirse en el punto de reagrupamiento de las luchas estatales, de los docentes y del movimiento obrero de la industria y los servicios. Es la oportunidad para realizar una gran movilización bajo un programa: reincorporación de los despedidos; pase a planta permanente de los trabajadores precarizados; paritarias libres; fuera la represión y la criminalización.