Acaba de aprobarse la llamada ley marco para los estatales de la provincia de Buenos Aires. Esta ley surge como resultado de la última paritaria provincial, en la que las burocracias de la CGT y la CTA aceptaron una modificación en el escalafón para una franja de los estatales a cambio de una mínima mejora salarial.

Es un ataque en regla a los trabajadores de la administración pública y sus conquistas. Habilita al gobierno provincial a discutir un estatuto o convenio colectivo por sector; actualmente los estatales estamos nucleados bajo una sola ley. La “ley marco” pretende atomizar y fragmentar a los estatales.

Entre otras cosas, la ley “legaliza” el ingreso de trabajadores en forma precaria, por medio de contratos, pasantías y destajistas. Muy grave también, plantea que puede ser causa de despido la supresión de un cargo, algo que sucede habitualmente en la administración pública bonaerense con los cambios de organigrama. La “ley marco” prohibe a los trabajadores criticar a los funcionarios y a los actos emanados de su gestión: negro sobre blanco, limita la actividad sindical.

Este engendro no puede pasar. El gobierno la quiere para descargar los efectos de la crisis sobre los trabajadores, como ya lo intentó con nuestras jubilaciones.

La lucha estatal en la provincia no es un capítulo cerrado. Luego del acuerdo miserable del 12% continuaron luchas salariales en el Ioma, en Educación, Previsión Social, judiciales, Reconocimientos Médicos, etc.

Planteamos el rechazo a “ley marco”, la defensa de las conquistas, la derogación de la modificatoria de la ley 10.430 que cercena conquistas sobre todo en el aspecto de las licencias, el pase a planta de los trabajadores precarizados, el blanqueo de las sumas en negro, la prohibición de despidos, un salario igual a la canasta familiar y un aumento de emergencia de 600 pesos.