21/11/2002 | 781

Expropiación y gestión obrera en las empresas de transporte

El transporte de pasajeros se encuentra en una crisis final. Un ejemplo elocuente de ello es TDO (Transportes del Oeste), que está en convocatoria de acreedores. Algunos de éstos han pedido la quiebra y se habría autorizado el remate de 17 vehículos para satisfacer una demanda que inició el banco Citibank.


En TDO, al igual que en todas las empresas cerradas o con cierre inminente, la p atronal debe ser apartada del manejo de la empresa. La función que ejercen los choferes –limitada hasta ahora a la fiscalización del movimiento de fondos– debe generalizarse a la gestión de la totalidad de la empresa. Los bienes que actualmente hace uso la patronal –vehículos, edificios e insumos– deben ser expropiados y pasar a formar parte del patrimonio y del servicio de la futura gestión obrera en un plazo perentorio de 30 días. El piso –la concesión de los recorridos– otorgado a la empresa debe ser traspasado a los trabajadores, y el Estado debe suministrar los recursos para garantizar la continuidad del servicio.


En este marco, no es un secreto para nadie la desconfianza que despierta entre los trabajadores cualquier iniciativa de estatización. La «estatización» le daría al poder político la fuerza para transferir el «piso» y dislocar o destruir el control o gestión obrera y proceder a una reprivatización.


En lugar de una empresa administrada por la burocracia del Estado, se plantea una empresa autónoma con una dirección responsable ante la asamblea de los trabajadores de la línea, elegible y revocable en cualquier momento.


Estos planteamientos están plasmados en el proyecto de expropiación que los trabajadores de TDO están a punto de presentar en la Legislatura bonaerense. Alrededor de este proyecto ha comenzado una campaña de movilización cuyo propósito es convertir la causa de TDO en una causa popular, y en especial, interesar en su desarrollo a los trabajadores del transporte.


El Estado debe asumir la continuidad del servicio


Una cuestión fundamental es el reclamo al Poder Ejecutivo para proveer los medios para que el servicio siga siendo prestado por los propios trabajadores. El gobierno normalmente procede en sentido contrario, cediéndole provisoriamente el piso (concesión) a otra empresa privada de transporte mientras los trabajadores se quedan en la calle. Esta llamada cesión «transitoria» no es más que el punto de arranque, que culmina con la desaparición y desguace de la línea y el despido masivo.


La legislación plantea, sin embargo, otra alternativa, que deliberadamente es obviada: «Cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias fuera de su control (…) en estos casos o en los de notoria incapacidad o contumacia de la empresa, paralización por cualquier causa o abandono del servicio, la Dirección (de Transporte) podrá disponer la prestación por gestión directa, mediante la incautación de los bienes de la empresa responsable, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario» (Artículo 29, Ley Orgánica de Transporte de Pasajeros. Decreto Ley 16.378-57 de la Provincia de Buenos Aires).


Reclamamos entonces que el gobierno garantice transitoriamente la continuidad del servicio por gestión directa por medio de los actuales trabajadores de TDO.


Una salida de conjunto


El programa que reivindican los trabajadores de TDO constituye un punto de partida para una salida obrera a la crisis actual y, como tal, no puede ser entendido al margen de una lucha general, por una transformación integral de la producción sobre nuevas bases sociales. Esta transformación incluye un plan único de todos los medios de comunicación (transporte automotor, ferrocarriles, etc.) que permita una reasignación y ampliación (plan de inversiones) de los recursos y su aprovechamiento en función de las necesidades de la población trabajadora y explotada. Este plan único plantea terminar con las privatizaciones y proceder a la expropiación de los pulpos del transporte.


Cualquier reorganización del transporte, por otra parte, es impensable sin afectar otros intereses. Una parte de la ganancia ha pasado a manos de las petroleras a través del aumento sideral experimentado en los precios del gasoil. El Estado, a través del subsidio, ha salido a financiar esta renta extraordinaria. Estamos en presencia de una hipoteca insostenible que coloca a la orden del día la expropiación sin pago de los distintos grupos capitalistas de la energía y su gestión por los trabajadores.

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