Este año se ha dado a conocer el cuarto relevamiento de empresas recuperadas elaborado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que abarca el período 2010-2013 y se concentra en las nuevas empresas que se han sumado en esta etapa.

 

Uno de los datos más elocuentes del informe es la precariedad legal en que se encuentran las nuevas empresas autogestionadas por sus trabajadores, que se ha agravado con respecto al período anterior. La reforma de la ley de quiebras, sancionada en 2010, publicitada por el gobierno K como la gran herramienta para revertir esta situación, se ha revelado como un gran fiasco. Apenas un 20 por ciento de las fábricas en manos de los trabajadores lograron continuar su actividad a partir de “autorizaciones para operar dadas por los jueces” en el marco de la nueva legislación. La nueva ley sirvió, en cambio, como pretexto para desalentar las expropiaciones, que apenas representaron un escaso 16 por ciento. La política oficial apuntó a desviar la presión obrera y popular sobre las legislaturas y el poder político, y derivarla al ámbito judicial, donde los compañeros terminan atrapados en una frondosa telaraña, sometidos al arbitrio del juez y a merced de los acreedores.

 

Por otro lado, el relevamiento da cuenta de la falta de apoyo económico del Estado. Apenas un 40 por ciento recibió algún tipo de auxilio. Esta es una de las razones que explicaría el descenso abrupto en la incorporación de maquinarias, comparada con relevamientos anteriores. Las gestiones obreras, sin capital de trabajo, deben enfrentar la competencia capitalista. Este último ha pasado a ser el principal obstáculo, lo que es lógico en momentos en que hemos ingresado en una etapa severa de recesión. El Estado compra apenas el 13 por ciento de lo que facturan las recuperadas. El intercambio entre las propias empresas recuperadas asciende apenas a un 11 por ciento.

 

 

Salarios

 

“Los retiros de las nuevas recuperadas ascienden a 3.823 pesos”. Se trata de datos de 2013, a esto habría que agregar los reajustes de este año. Pero aun así, estamos frente a ingresos de indigencia. La mayoría está muy por debajo de ese piso de convenio. Lejos de exhibir un escenario idílico y mitificar el trabajo autogestionado, el mismo es una de las variantes del trabajo precario y desvalorizado al que se ve sometida la clase obrera bajo el capitalismo. Las “fábricas sin patrones” siguen sometidas a la explotación capitalista, aunque el capital ya no esté presente en forma visible en el lugar de trabajo y la producción sea coordinada por los trabajadores.

 

El relevamiento es también elocuente respecto a la jubilación y a la cobertura de salud. “El monotributo implica una pérdida de derechos con respecto al resto de los trabajadores asalariados, ya que no brinda las mismas coberturas”. Por otra parte, las cooperativas de trabajo no están contempladas en la ley de Riesgos del Trabajo. La única opción que tienen es recurrir a la contratación de algún tipo de seguro contra accidentes personales. “Esta clase de seguros implica costos más elevados y menos beneficios para la unidad productiva que los que ofrece una ART”.

 

 

Conclusión

 

El relevamiento es concluyente. Sin embargo, quienes están a su cargo hacen una exaltación y hasta una mistificación de la autogestión, que no se corresponden para nada con la realidad. Es una obligación defender la entrega de las empresas vaciadas a cooperativas independientes nacidas de la lucha, pero no con un programa encubridor de las penurias a las que se ven sometidas, sino con un programa que defienda los derechos laborales preexistentes de los cooperativistas: ninguna indemnización para los vaciadores; apoyo financiero real de parte del poder público a las cooperativas; estatización bajo control y gestión obrera. En definitiva, un programa socialista, no un programa de autogestión.