Los compañeros de Massuh están enfrentando una situación muy complicada. No sólo están en la calle y con la planta cerrada ya hace 20 días, sino que ni siquiera han cobrado la indemnización. El Estado ha incumplido por segunda vez su compromiso. La primera fue cuando no respetó el contrato de formación del fideicomiso, por el cual el Estado se comprometía a hacer funcionar la planta hasta noviembre de 2011. Y ahora, nuevamente, cuando no se ha hecho efectivo el resarcimiento pactado, precisamente para compensar la violación del primer acuerdo.

La demora que se viene dando en el cobro tiene como propósito provocar una rendición incondicional de los trabajadores. Es lo que planteó Moreno tiempo atrás: los que pretendían ingresar a una cooperativa, debían renunciar previamente al cobro de la indemnización, que sería contabilizada como aporte a la misma. Esto mereció el rechazo general de los jornalizados reunidos en asamblea. Más que un chantaje, es un fraude, porque aunque los trabajadores pusieran ese dinero, una cooperativa abandonada a su propia suerte, desprovista del auxilio estatal, terminaría siendo triturada en medio de la actual crisis capitalista en desarrollo. El auxilio que ahora no aparece sí va a aparecer en caso de que venga algún candidato privado. Hacia allí apuntan los cañones del gobierno. El planteo de Moreno de integrar Massuh a Papel Prensa es una coartada, pretendiendo mostrar que el Estado está haciendo algo para preservar la continuidad de la planta.

La federación papelera, a su turno, sigue realizando un trabajo pérfido y confusionista. En oposición a la cooperativa, viene batiendo el parche sobre la necesidad de defender la “condición de obreros, de los trabajadores y la relación laboral”. Pero fue la primera que se alió al gobierno para que se aceptase la indemnización y dar por concluido el fidecomiso; es decir, para que se perdiera esa “relación laboral” y todos quedaran en la calle. El sindicato habla de la continuidad, pero lo primero que hizo fue contribuir al cierre. Desecha que el Estado se haga cargo y asuma la responsabilidad de Massuh y apuesta todo a una reprivatización. A nadie se le escapa, menos aún a los dirigentes del gremio, que cualquier salida privada tiene como condición previa el desguace de la fábrica y dejar en pie exclusivamente un Massuh residual, con un personal superreducido y superflexibilizado. Al revés de lo que se proclama, consagra la pérdida y no la defensa de los puestos de trabajo. La federación papelera coloca como blanco de un eventual recorte a los mensualizados, lo que expresa una política divisionista y otro fraude: la limpieza no se va detener en los administrativos que cobran por mes, sino que va a extender a los operarios de planta.
Un capítulo especial lo constituye la aparición en escena de nuevos actores como la CTA o la Federación gráfica, que lo que tienen en común es que brillaron por su ausencia en todas las etapas de la prolongada lucha de Massuh. La comisión interna de los mensualizados, que se nuclea en torno de un sindicato propio, se ha apresurado a afiliarse a la CTA, confiando que se pueden abrir nuevas puertas y salir del atolladero en que se encuentran. La expectativa es infundada si tenemos presente el desempeño y la trayectoria que la CTA viene teniendo en sus propios gremios, entregando el salario y sacrificando la lucha reivindicativa en función de sus compromisos con el Estado y los partidos patronales.

Lo que hay que reclamarle a la CTA es que inicie una campaña, en primer lugar en sus propios gremios, a favor de Massuh y que movilice a sus afiliados por la victoria de su lucha. Lo que puede “abrir las puertas”, como lo probó la primera etapa del conflicto, es la movilización, quebrando la división que hoy promueven el gobierno y la burocracia y restableciendo la unidad de lucha de jornalizados y mensualizados. Por lo pronto, en una asamblea de los mensualizados, donde se hizo presente una decena de jornalizados, se tomó la iniciativa de una movilización al Ministerio de Trabajo para exigir el cobro de las sumas que se les adeudan.

El programa es claro. Basta de bicicleteos. Que se respete lo pactado y se paguen las indemnizaciones. Ni cierre ni desguace. Que se expropie la planta y que el Estado ponga la plata y establezca un plan de reactivación elaborado en común con los trabajadores. Siguiendo este camino, el Estado recuperaría los fondos que puso para el pago de las indemnizaciones.

Invirtamos la fórmula. En lugar de que los fondos públicos vayan al recate del capital, los recursos privados (cuyo potencial productivo es dilapidado y destruido por el capital) deben ser aprovechados para rescatar a los trabajadores. Que la patronal vaciadora responda con su patrimonio y sus bienes. Que la crisis la paguen los capitalistas.