La manifestación contra la reforma educativa de Mestre, desarrollada el viernes 23 en Córdoba, es la más grande que se haya desarrollado en la provincia en los últimos 20 años. 50.000 estudiantes, docentes y padres marcharon encolumnados con el objetivo de quebrar la liquidación de la educación pública: municipalización de las escuelas primarias y jardines, cierre de secundarios (sobre todo en el interior), pase de la educación especial a la convencional, cierre de institutos de arte y escuelas técnicas, desaparición de las escuelas terciarias de formación docente, etc. (ver Prensa Obrera Nº 507).

La llamada pueblada del 23 estuvo precedida por diez días de continuas movilizaciones, asambleas en las escuelas, asambleas zonales y un creciente proceso de organización de estudiantes, docentes y padres. Fue este Cordobazo educativo el que llevó a Mestre y su ministro de Educación, Pérez, a prometer modificaciones a la reforma, la vuelta atrás en algunos propósitos y a, finalmente, dejar la “definición final” para dentro de 10 días, a la vuelta del viaje que gobernador y ministro emprendieron el mismo viernes 23 a Rusia, para asistir el próximo 29 al lanzamiento de un satélite cordobés.

El gobierno pegó un recule ante la magnitud del rechazo y la imparable lucha abierta. Sin embargo, todos sus mensajes de promesas de revisión son lo suficientemente ambiguos, deja abiertas todas las puertas para continuar con la reforma a fondo. Es que provocó una rebelión en los estudiantes y docentes, pero también en los intendentes y senadores del radicalismo y del PJ, y en la Iglesia. Esta última se ve amenazada por el quite de subsidios y la pérdida del control de los terciarios de formación docente.

La movilización planteó dos políticas claras frente a este brutal ataque. A través de pancartas y carteles, muchas escuelas y zonas (Río Ceballos, el Garzón Agulla, los secundarios en lucha, entre otros) pedían lisa y llanamente la derogación de la reforma educativa y la Ley Federal de Educación. Luisa de Bruñino, que habló en nombre de los padres, dijo en el acto: “al gobernador le decimos que no estamos dispuestos a sacrificar ninguna generación más y seguiremos esta lucha hasta la derogación de esta ley tramposa…”.

La otra política es la de la Iglesia, las cámaras patronales y la burocracia sindical (reunidos en una multisectorial), que reclaman “diálogo abierto y respetuoso” (Ana María Marengo, titular del Consudec). La Iglesia quiere mantener los subsidios y el control total de la formación docente; por lo demás, apoya plenamente la Ley Federal de Educación y la reforma. La UEPC está metida de lleno en esta política. Para Grahovac (secretario general de la UEPC), las declaraciones de Pérez prometiendo la revisión de la reforma “ha(n) reafirmado la incertidumbre, las dudas, las ambigüedades” (La Voz del Interior, 23/8). UEPC ha fijado su estrategia en el parlamento proponiendo juntar firmas para una iniciativa popular. Las críticas a la “improvisación”, “el apresuramiento”, que permanentemente son vertidas por los distintos componentes de la multisectorial, revelan la aceptación de los principios de esta masacre educativa.

La Iglesia y la burocracia pretenden llevar al movimiento en esa dirección, por eso resolvieron que en la marcha sólo hubieran banderas argentinas o carteles con la consigna “oficial” Educación para Todos. Pero esto fue desoído, las banderas de los diferentes establecimientos, con consignas con reclamos, poblaron la manifestación y revelaban un amplio debate en las escuelas. En este proceso han nacido coordinadoras zonales, se han convocado a nuevas asambleas de padres, docentes y alumnos para resolver la continuidad de la lucha. Sobre esta base, el Cordobazo educativo puede triunfar, imponiendo el recule total de Mestre, es decir, la derogación de la reforma educativa.