Los cuerpos de delegados de Apla y Apta votaron una condena unánime al gobierno y a Aníbal Fernández por la provocación montada contra los directivos Pablo Prendes y César Vega Fernández, acusados de “lesiones dolosas, privación ilegítima de la libertad, amenazas, coacción simple y agravada e intimidación pública” por haber actuado contra un automovilista que “tiró” intencionalmente su coche sobre la movilización de pilotos y técnicos del 21 de marzo.

 

Fue saludado el comunicado enviado por la Fuba al plenario exigiendo la libertad y la nulidad de los procesos de los detenidos, así como denunciando la política persecutoria del ministro del Interior. En gran número, los delegados de Apta y Apla coincidieron con el planteo de exigir la renuncia del ministro que, a 30 años del golpe, acusó a la izquierda de “siniestra” y encarceló a los luchadores aeronáuticos.