A una semana de la concentración en Casa Rosada, donde se abrió una nueva vía de comunicación con Julio Vitobello, el secretario de Alberto Fernández, los trabajadores de Garbarino volvieron a movilizar a casa de gobierno. Esta vez fueron atendidos por el propio presidente y por el jefe de Gabinete Juan Manzur. Los reclamos trasladados a esa nueva reunión fueron los mismos: pago de la deuda salarial (siete meses, aguinaldos y aportes patronales) y que el gobierno intervenga garantizando que se mantengan todos los puestos de trabajo ante la inminente quiebra de la empresa que maneja Carlos Rosales.

Recientemente el empresario avanzó en el despido de 150 trabajadores de Compumundo. Se aceleraron los cierres de sucursales en todo el país y la patronal pegó el faltazo a las últimas audiencias convocadas, anulando cualquier diálogo con los laburantes. Al ser recibidos por Vitobello, los autoconvocados plantearon una salida: expropiación de las plantas productoras y reacomodamiento de todos los trabajadores en distintos organismos del Estado. Pero el presidente negó rotundamente cualquier posibilidad de expropiación, alegando que van a intervenir para conseguir un nuevo inversor. Sumado a esto, el gobierno reconoció que financió a Rosales, ya que en el curso de los siete meses en que no pagó salarios los trabajadores cobraron únicamente Repro y ATP. Además, dio cuenta de los créditos cuantiosos que el gobierno le otorgó a Garbarino desde el inicio del 2020, cuando la empresa fue adquirida por el amigo del gobierno y de Cavalieri.

Esta respuesta del presidente debe entenderse en el marco de una política más general. Es que en la agenda del gobierno lo que pesan son las reuniones con el empresariado argentino, como quienes almorzaron el martes 12 con el presidente, exigiendo que ponga fin a las legislaciones antidespidos y de doble indemnización. Después de aquel pedido de los Bulgheroni, Eurnekian y compañía, tanto el ministro Kulfas como el ministro Guzmán indicaron que a fin de año se terminan estas regulaciones. En el Coloquio de Idea, que contó con la participación de más sectores empresarios y todo el arco político (excepto el Frente de Izquierda – Unidad), al pedido de mayores facilidades para ejecutar despidos se le sumaron los pedidos de mayor flexibilización.

El gobierno llevó a estas cumbres empresariales la proposición de una reforma laboral sector por sector, avanzando, con la ayuda de las burocracias sindicales, en modificar los convenios colectivos de trabajo para reducir el “costo laboral”; como lo llaman los empresarios. El presidente defendió estos planteos cuando visitó la planta de Toyota, donde ya se aplicó una flexibilización oficiada por la burocracia del Smata. Esto implica peores condiciones laborales, con jornadas más extensas por menores salarios y desechando los derechos conquistados que impliquen esos “costos” que buscan reducir.

Desde la Naranja de Comercio queremos alertar a los compañeros de Garbarino, porque si el gobierno resuelve su conflicto, va a ser con esta impronta. El empresariado al que el gobierno defiende está desarrollando una ofensiva contra los trabajadores mientras saquea el país. La razón por la que no hay inversiones no tiene que ver con lo “ostentoso” de las condiciones de trabajo en Argentina, como presentan. De hecho, en el país el empleo informal es superior al formal, y la mayor parte de los trabajadores registrados tienen salarios de pobreza. Se trata ante todo de los intereses parasitarios de los capitalistas, que buscan maximizar su tasa de ganancia a costa de una superexplotación laboral. Los hermanos Garbarino, que aparecieron en los Pandora Papers, fugaron las ganancias producidas por sus trabajadores, dejándolos sin ingresos, sin cobertura médica y entregando una empresa quebrada y con un enorme pasivo a Rosales.

Ante esta magnitud de robo por parte de los directores de la empresa líder en electrodomésticos del país, el presidente solo se compromete a colaborar con ayudas sociales en caso de no conseguir un inversor para noviembre. Pero los trabajadores están exigiendo no solo que se pague la deuda salarial, sino también que se mantengan los puestos de trabajo. Este nuevo episodio arroja conclusiones importantes. El método adoptado por los trabajadores de Garbarino, de lucha callejera coordinada a nivel nacional y votada en asambleas por sucursal, ha servido para avanzar en el conflicto; lo que es un ejemplo para las luchas que se abrirán en el país si avanza la reforma laboral. Solo con la acción independiente los trabajadores podrán hacer valer sus intereses y reclamos por sobre los de los empresarios flexibilizadores.