El 18 de agosto, el municipio de General Rodríguez (Buenos Aires) despidió a 25 profesionales del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes, luego de que éstos realizaran una asamblea reclamando por el contrato de una compañera que se encontraba de licencia por maternidad y había sido dado de baja arbitrariamente.

 

También denunciaban hostigamiento y la obligación de realizar tareas que no corresponden a sus incumbencias profesionales (se trata de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas). Con una medida de fuerza que incluyó la ocupación del servicio por dos días, se logró la reincorporación de todas.

 

La situación se asemeja a lo ocurrido en julio en la Dirección de Niñez de Escobar, donde la mitad de las profesionales fueron despedidas por “desfinanciamiento municipal” y, aquí también, la determinación de las trabajadoras logró la reincorporación.

 

Los despidos son un adelanto del ajuste que, tanto Scioli como Macri y Massa, pretenden descargar sobre los trabajadores. Son posibles por la extrema precariedad sobre la que, desde hace muchos años, se sostiene la política de niñez: en General Rodríguez, sólo una de las profesionales está en planta permanente mientras que las demás son empleadas como monotributistas. En las áreas de infancia de toda la provincia el recambio de personal es permanente, ya que es frecuente que no se renueven los contratos de quienes se posicionan críticamente y marcan las responsabilidades estatales incumplidas.

 

Los trabajadores sociales, en particular, conocemos las peores consecuencias de la precarización, que fueron un factor fundamental en el femicidio de Laura Iglesias. Esta colega trabajaba en el Patronato de Liberados de la provincia, que mantiene a buena parte de su personal con contratos a término y salarios de miseria, y sus compañeros aún hoy reclaman la reducción de la cantidad de situaciones que cada trabajador debe supervisar y acompañar, para de esa manera poder asistir de a dos a los domicilios de los liberados. El gobierno provincial de Scioli intentó desde el primer momento ocultar que Laura se encontraba en tareas laborales cuando fue asesinada. La precarización de las condiciones de trabajo nos exponen a graves riesgos (como lo reconoció el tribunal que juzgó a uno de los asesinos), más si tenemos en cuenta que Laura fue asesinada cuando comenzaba a denunciar que la Policía presionaba a los liberados para que cometieran delitos.

 

En la situación de crisis económica que se presenta, a los trabajadores sociales se nos presenta el desafío de organizarnos y luchar para que cada profesional tenga un salario digno que garantice la reproducción material de su familia, sin tener que trabajar en dos o más empleos. Debemos organizarnos y luchar en cada espacio como lo han hecho las compañeras de General Rodríguez y Escobar. Lograremos enfrentar el ajuste si nos apropiamos de las herramientas de la clase obrera y combinamos nuestra lucha con la acción política del Frente de Izquierda, en especial con la actividad de los diputados y consejeros que logremos obtener en las próximas elecciones.