Sindicales

17/11/2011|1203

Golpiza de Uocra contra obreros de la construcción

Al momento de escribirse esta nota, el compañero Alejandro Valenciano cumple cinco días de huelga de hambre en la esquina de Kirchner y San Martín, en pleno centro de la capital de Santa Cruz.

Valenciano ha denunciado que fue despedido de una obra del interconectado en la localidad de Comandante Piedrabuena por la empresa Intelsar, luego de que una patota de la Uocra lo encerrara en una pieza y lo golpeara brutalmente, en pleno campamento de la empresa.
Ya había recibido una paliza previamente por parte de los mismos matones de la intervención del gremio y las causas de tales hechos se tramitan en el juzgado de San Julián.

Las denuncias de Valenciano han conmovido a mucha gente y se empalman con las denuncias por hechos similares anteriores, cometidos por la misma patota que, además, evidentemente actúa protegida por el gobierno provincial, asiste a los actos oficiales con todos los gastos pagos y administra subsidios a tal efecto.

Se ha cumplido un año de la patoteada contra militantes del Partido Obrero frente a empleados de comercio, han pasado once meses de la agresión a los manifestantes que defendían la ley jubilatoria provincial, han pasado siete meses de la agresión terrible a los docentes en medio de la huelga y apenas ha pasado un mes de una brutal paliza que protagonizó esta misma patota contra trabajadores de una empresa de la construcción de Río Bote, cerca de Calafate.

El “modus operandi” es siempre el mismo: actúan como grupo organizado, que escoge sus víctimas entre opositores políticos o posibles disidentes dentro de la propia Uocra.

En solidaridad con Valenciano se han agrupado desde el Partido Obrero, Tribuna Docente y la UJS hasta la CTA, Adosac, Amet y la Comisión de Derechos Humanos.
Nos hemos entrevistado con Humberto Quiñónez, secretario de Derechos Humanos de la provincia, quien prometió gestionar la reinstalación de Valenciano, pero se manifestó impotente frente a la impunidad de la patota de García y Martínez, así como frente al modo en que la Justicia está aislando cada causa, circunscribiéndolas en cada caso a “lesiones leves”.

Las organizaciones presentes nos comprometimos a exigir a la Justicia la unificación de las causas que tiene esta patota en los juzgados de Río Turbio, Calafate, San Julián y Río Gallegos, coordinando la acción judicial de las querellas en ese sentido. Se trata de una batalla judicial y política muy importante, para desenmascarar la hipocresía del gobierno de los “derechos humanos”.

El odio a la intervención de Uocra se desarrolla entre los propios trabajadores de la construcción, los que en el caso de Calafate lograron, luego de repeler el accionar de los patoteros, que renuncie el delegado de la intervención en la localidad y que se reconozca a los delegados libremente electos en Río Bote.