El viernes 24 de octubre quienes conformamos el espacio de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, participamos junto al Colectivo de Discapacidad, de la segunda entrega del petitorio en la Casa Rosada en defensa de nuestro trabajo, contra el ajuste en discapacidad y exigiendo un aumento del nomenclador que está paralizado desde hace un año. Además de la movilización a casa de gobierno,  se hizo también un gran hashtazo y diferentes intervenciones de compañeras y compañeros de distintos espacios del Colectivo que se pudieron ver en vivo por las redes sociales. La jornada se extendió a Junín, Corrientes, Salta y distintos puntos del país donde se realizaron diversas acciones de lucha.

Impulsamos esta medida de lucha en plena pandemia porque las y los prestadores entendemos que hay reclamos urgentes que no pueden esperar.  Las dilataciones en su resolución no han hecho más que aumentar la brecha de precarización a la que estamos sometidos: cobrar 3, 6 y hasta ¡9 meses! en diferido por nuestro trabajo o, como es el caso de muchos que trabajamos en escuelas o consultorios, no cobrar durante los meses de enero y febrero. Además no contamos con derechos básicos de cualquier trabajador como son las licencias por enfermedad y las licencias por maternidad/paternidad, entre otras.

La perspectiva tanto del oficialismo como de la oposición patronal, es la del ajuste en el sector de discapacidad: la última ofensiva fue hace algunas semanas cuando la Cámara de Diputados rechazó otorgar el IFE y la Tarjeta Alimentar a personas con discapacidad. Tampoco pueden garantizar que la Superintendencia de Servicios y Salud regule el pago a término de las obras sociales y prepagas, a su vez esta no interviene en la relación de estas con nosotros los y las prestadoras, es decir, no garantiza que nos lleguen los pagos.

En este contexto donde la inflación ronda el 40% y donde el 70% de las y los profesionales no llega a la canasta básica de pobreza (CBT) de $47.216 pesos, con tratamientos adeudados de 2019 y 2020, recortes de los mismos durante el transcurso del ASPO e incluso asistencia obligatoria para algunas prestaciones sin que se nos brinde ningún kit ni herramientas de seguridad. Por eso exigimos el pago a término de las obras sociales y prepagas, un aumento del 40% como piso, del nomenclador paralizado desde noviembre del año pasado, rechazamos el 0% de aumento. Nuestra situación es insostenible, haciendo peligrar los tratamientos.

Reclamamos también que se incorpore al nomenclador nacional el acompañamiento terapéutico, hidroterapia, equinoterapia  y que se reconozcan en el Registro Nacional de Prestadores las incumbencias de Psicopedagogos/as, Psicomotricistas, Maestras Especiales y profesionales de Estimulación Temprana, por nombrar algunos.

Este martes 27/10 junto al Colectivo de Discapacidad, nos reuniremos con el Lic. Fernando Galarraga, presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad, para exigir respuestas a nuestros reclamos.

Desde APEL-Prestadores, nos sumamos a cada medida de lucha, integrando activamente Prestadores Precarizados SE y confluyendo hoy en día con el Colectivo de Discapacidad.

Vayamos por un plan de lucha en defensa de la salud, la educación, la vida, los tratamientos y las personas con discapacidad. Sumáte a organizar nuestra lucha en la próxima asamblea de Prestadores Precarizados SE el 31-10 a las 14hs.