El Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ha lanzado una ofensiva contra las Juntas Internas de ATE del Estado nacional impugnando las elecciones que se realizaron en los últimos meses. El modelo está calcado de lo que vino haciendo el PRO desde que asumió el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, hace 8 años.

 

Esta ofensiva anti-sindical busca debilitar nuestra organización, en un contexto en que el que los gobiernos están planteado cambios regresivos en el convenio colectivo, paritarias a la baja y nuevos despidos.

 

Para realizar las impugnaciones, Modernización se remite a la Resolución Nº 255/03 firmada por el entonces Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que en su momento apuntó a encorsetar la actuación de ATE al interior del Estado.

 

La resolución establece que para poder elegir delegados deben estar afiliados al sindicato al menos un 10% de los trabajadores del organismo. Y en relación a la cantidad de delegados, fija que el número que tenga cada asociación “será directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea”, por lo que el total de la representación debería dividirse entre los sindicatos actuantes. Hay que tener en cuenta que el Convenio Colectivo 214/06, firmado en aquel entonces entre nuestra patronal, el gobierno de Kirchner, ATE y UPCN, estableció la cantidad de delegados por trabajadores en los mínimos de la nefasta Ley de Asociaciones Sindicales.

 

Pero la interpretación de la norma que hace Modernización para las impugnaciones es aún más restrictiva. En primer lugar, porque no contabiliza como trabajadores a los monotributistas donde la afiliación a ATE es mayor. Con este artilugio busca asestar un golpe por partida doble contra la organización sindical de los trabajadores: por un lado, para impugnar las elecciones en los lugares donde la afiliación sí llega al 10% y, por el otro, busca reducir la cantidad de delegados contabilizando menos trabajadores en cada sector.

 

Otro punto que aparece en todas las impugnaciones es que no se reconoce como delegados a los trabajadores que no tendrían el año de afiliación según sus registros, los que son falsos en la mayoría de los casos, ya que no coinciden con los del propio sindicato.

 

El primer antecedente en la implementación de esta normativa anti-sindical entre los nacionales fue en el INDEC, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando la directora impugnó a la combativa Junta Interna de ATE para reducir la representación y desconocer como delegado a un compañero monotributista que, para la gestión K, no era trabajador del Estado.

 

Las impugnaciones de Modernización ya han sido remitidas al Ministerio de Trabajo, que es el que debe dar dictamen sobre el particular, dado que es el órgano de aplicación de la Ley de Asociaciones Sindicales.

 

Hasta el momento, ATE-Capital no han sacado siquiera un comunicado sobre este brutal ataque contra nuestra organización gremial, ni hablar de una medida de lucha o campaña particular. Esto refleja que no están dispuestos a dar una pelea a fondo y que buscarán acomodarse mediante presentaciones legales a la nueva realidad que nos quieren imponer desde el gobierno. ATE-Nacional sólo lo ha colocado como uno de los tantos reclamos que dice levantar.

 

No existe ningún plan de lucha para enfrentar estos gravísimos atropellos, ni siquiera una movilización al Ministerio de Trabajo para impedir que prosperen estas medidas que atentan contra la libertad sindical.

 

Desde Tribuna Estatal planteamos la necesidad de un plenario de delegados urgente que delibere y vote un plan de acción.