Pasados varios meses de la aprobación por unanimidad, en el Concejo Deliberante de la localidad mendocina de Guaymallén, del proyecto del Frente de Izquierda–Partido Obrero de pase a la planta municipal de 14 trabajadoras del Plan de Empleo Comunitario (PEC), el mismo sigue sin ser efectivizado.

 

La resolución que se convirtió en ordenanza fijaba que la fecha del pase a planta sería a partir del 1 de enero de 2017, tal cual lo estipula el presupuesto. Esta ordenanza es ahora desconocida por el intendente Marcelino Iglesias, de la UCR-Cambiemos, quien aseguró que no tiene por qué cumplirla, defendiendo un cuadro de precariedad laboral absoluta: las compañeras de este plan –algunas de las cuales llevan 20 años de servicios a cargo de los jardincitos del municipio– cobran $1800 por mes. En esto, la "herencia" dejada por su antecesor Luis Lobos (FpV) no parece molestarle tanto.

 

Mientras el municipio gasta importantes sumas de dinero en espectáculos y se endeuda para pagarle al ejército de empresas que está a cargo de las obras públicas municipales, Iglesias argumenta que falta presupuesto para poner en regla el trabajo de 14 de las madres que están dentro de los PEC.

 

Desde la agrupación de municipales del Partido Obrero rechazamos esta política antiobrera de Cambiemos en Guaymallén, e impulsaremos una gran agitación en las diferentes reparticiones denunciando los decretazos contra los pases a planta, preparando una gran movilización al Concejo para la semana próxima.