El deterioro del servicio se está registrando con inusitada rapidez y no es exagerado decir que estamos llegando a una situación similar a la que desató el conflicto en mayo.

Cuando la sindicatura se hizo cargo de la empresa, hace 6 meses, había en funcionamiento 116 unidades y se contaba con dos subsidios del Estado nacional.

En este lapso, se recuperaron sólo 24 coches, los cuales, en su gran mayoría, se fundieron en los últimos meses. Según el proyecto entregado por el Cuerpo de Delegados y la Comisión de Control para el correcto funcionamiento de la empresa(que obra en poder de la Secretaría de Transporte y del juzgado donde se tramita la quiebra), el número de unidades no debería ser inferior a 240.

Todo se ha reducido a un cambio cosmético:

1. Los coches reparados se los pone a trabajar alrededor de 22 horas diarias, con 3 ó 4 choferes, sin prever que estas unidades están desgastadas y que deben ser más controladas para aguantar el régimen de trabajo impuesto.

2. Los diagramas de servicio están mal hechos porque solamente se busca que los coches cubran la mayor cantidad de mano de obra posible (choferes), sin priorizar los horarios de mayor rentabilidad para potenciar la empresa.

3. El taller está a cargo de personal, que estuvo al frente del mismo en todo el período previo a la quiebra, que demostró su incapacidad para dirigir y descubrir anormalidades, y hasta sabotajes que pasaron en todo ese período, o fueron partícipes de los mismos. La realidad es que el taller no funciona con repuestos o sin ellos. En los últimos meses, ya no se recuperan coches sino que se repintan los que ya están funcionando sin incrementar el parque de unidades.

La situación se agrava día a día porque se compran menos repuestos por dos motivos fundamentales: a) no se generaron los recursos y b) los proveedores no extienden los créditos por los deudas impagas ya existentes que, según trascendidos, ascendería ya a los 200.000 pesos.

Esto viene generando que las unidades, nuevamente, se estén deteriorando y por lógica el servicio sea ineficiente, lo que produce menos ingresos y menos capacidad para afrontar los compromisos contraídos. Esto, por supuesto, ya está trayendo consecuencias cada vez más preocupantes en el cobro de los sueldos. Ahora, se acaba de anunciar que el aguinaldo será pagado fraccionado, en varias cuotas hasta fines de marzo.

Hoy, la realidad es que la sindicatura está supeditada a que el Estado siga sosteniendo financieramente su gestión con los subsidios conseguidos por los trabajadores, cuando tuvo lugar el conflicto. Se priorizó el pago a algunos acreedores, los mismos que hoy secuestran coches.

El énfasis pareciera estar puesto en embellecer los activos para el remate, ya que se constata una energía desproporcionada que se está poniendo en pintar los edificios y repintar los pocos coches que circulan, tal como lo haría cualquier martillero para la venta.

En la Mesa de Trabajo que se realizó el jueves 8 de enero pasado, todo este panorama saltó a la superficie. Frente a la determinación del gobierno de cortar los subsidios –decisión que fue confirmada por los representantes de la Secretaría de Transporte presentes–, la única propuesta de la sindicatura fue que… había que echar gente.

Al mismo tiempo que se afirmaba que no había hostigamiento sobre el personal ni se efectuaba persecución alguna, la sindicatura reconocía que sí autorizaba fotografiar, como una suerte de espionaje a los trabajadores.

Los tiempos se están acabando y los trabajadores de TDO se preparan para una lucha decisiva en vistas de imponer una salida que privilegie los intereses de trabajadores y usuarios.