En el hospital Centro Gallego ha comenzado la cuenta regresiva hacia su colapso, de la misma forma que hace cuatro años cuando estuvo a las puertas de la clausura. El Inaes (organismo estatal de regulación de las mutuales), que administra el establecimiento por mandato del juez que intervino contra el vaciamiento, logró poner en marcha el hospital mediante la contratación con obras sociales, el Pami, el Garrahan y otros seguros de salud. Entretanto, se acumuló una deuda abultada con los trabajadores, a los que se les paga en cuotas, en fechas imprecisas y hasta con vales, causando una situación desesperante.

 

Esta administración, que estuvo hasta hora en línea con el Ministerio de Desarrollo Social y con Alicia Kirchner, se ha retirado y dejando en banda a los trabajadores e, indirectamente, a los pacientes. Este mes se pagó un tercio del aguinaldo. Del sueldo, nada; unos 2.000 pesos. Las autoridades decían que las cuentas eran deficitarias y reclamaban una inversión del Estado para capitalizarlo. Pero no se conoce un balance del destino de los pagos de las obras sociales y las cuotas -aumentadas- de los 1.500 socios. Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Desarrollo Social y el Inaes, todos con nuevas autoridades del macrismo, no han abierto la boca ante los reclamos de los trabajadores y las medidas de paros y cortes de calle. La burocracia de ATSA, por su lado, mira para otro lado y espera el reacomodamiento del nuevo gobierno y sus tratativas con los gremios.

 

Las asambleas, que surgieron por la bronca de la base, dan cuenta de la desesperación y voluntad de lucha de la mayoría de los trabajadores. El único camino consiste en redoblar las medidas de acción, para forzar la intervención de las instituciones del Estado por el pago de lo adeudado y la regularización del cobro de haberes, y para que se informe qué destino prevén para la institución. Ante la pasividad criminal de la burocracia de ATSA, hay que organizar comisiones de trabajadores que exijan ser recibidos y preparar una gran marcha al Ministerio de Trabajo, por la defensa del empleo de más de 1.000 trabajadores y contra el cierre de un hospital de alta complejidad. El balance de los ingresos y los pagos bajo la administración kirchnerista debe hacerse público, ante trabajadores y socios.