La ‘quiebra del PAMI’, en la que se fundamenta el proyecto de ‘ajuste’ diseñado por el Banco Mundial e impulsado por la intervención menemista, fue provocada por el propio gobierno menemista. El INS- SJyP se financia con aportes de pa­trones, trabajadores y jubilados. El déficit actual fue creado por la rebaja de los aportes patronales que decre­taron Menem y Cavallo. A esto se agregó la reducción de la recaudación provocada por la caída de los sala­rios, la rebaja de los haberes jubilatorios, el aumento de la desocupación y del trabajo en negro y precario, por el que no se realizan aportes. Si se suma la creciente evasión de las em­presas, da un cuadro de caída de la recaudación a 190 millones mensua­les, para un gasto actual de 235 mi­llones (Clarín, 26/10).

El golpe de Cavallo

Creado el déficit, el golpe de Ca­vallo consistió en incorporar los gas­tos del PAMI como una cuenta más de las rentas del Estado (el organis­mo era autárquico), y asignarle un presupuesto ‘ajustado’ a la men­guada recaudación, de no más de 200 millones. Desde entonces, el que­branto crece a razón de 40 millones mensuales, afectando el pago a los prestadores y, por tanto, la cantidad y calidad de las prestaciones. Ese nivel de gasto es una condición fijada por el Banco Mundial para emitir su línea de préstamos para ‘sanear´ la obra social, pagar despidos, parte de las deudas, y proceder a la reorgani­zación administrativa.

La salud de los jubilados, factor de ajuste

El plan del ‘Banco Mundial- Markovic’ para ‘poner en caja’ el Instituto, se basa en ajustar los cos­tos a la maltrecha recaudación ac­tual. Para ello, se propone eliminar las prestaciones que brinda el Insti­tuto1, privatizando las médicas (mé­dicos de cabecera, guardia médica, auditorías) y transfiriendo a la Se­cretaría de Desarrollo Social las prestaciones sociales (subsidios eco­nómicos, comedores, bolsas de comi­da para los más carenciados). El plan incluye el despido de 6000 agentes, entre empleados y profesio­nales. Y la firma de nuevos contratos con las empresas de medicina priva­da, para que brinden la atención de todos los niveles por una cápita (pago mensual) de 30 a 40 pesos por afiliado.

En la actualidad, los prestadores reciben una cápita similar. Pero in­corporar las nuevas prestaciones por un pago equivalente, implica, inevitablemente, reducir la calidad y cantidad de las prestaciones. Con lo que el deterioro de la cobertu­ra y de la calidad de atención de los jubilados es el gran factor de ajuste del plan de Menem-Markovic.

No a los despidos, defensa in­tegral de las prestaciones a los jubilados, por los 3.000 millones anuales de presupuesto para el PAMI, reposición de los aportes patronales, son las consignas bási­cas de la lucha contra la liquidación de la obra social.

Fuera Markovic. Administración del PAMI por los jubilados

La indignación de trabajadores y jubilados se concentra en la figura de Bramer Markovic, que se ha transfor­mado en el enemigo público N° 1. Las consignas “… que se vaya”… “Mar­kovic hijo de puta…” y “un minuto de silencio a Markovic que está muerto”, dominaron la concentra­ción del 13. “Las horas de Bramer Markovic como interventor en el PAMI están contadas”… “Nunca antes un interventor logró juntar tantos frentes adversos de modo simultáneo” (La Nación, 6/11). Im­poner su renuncia será uh triunfo de la movilización y un golpe fundamen­tal a toda la política del gobierno menemista y el Banco Mundial. Bra­mer y su ‘liquidación’ del PAMI, son la punta de lanza (junto con la de la obra social bancaria) de la reforma privatizadora de todas las obras so­ciales. Markovic es también inter­ventor del ANSeS, donde se reveló como victimario de los trabajadores (ya pasó a disponibilidad a 800 agen­tes) y de los jubilados; ha sido quere­llado en la justicia por el bloqueo a la tramitación de los juicios. Fuera Markovic y la intervención me­nemista, fuera el Banco Mundial, son objetivos políticos centrales.

La liquidación de Markovic plantea la ‘normalización’ del Instituto, que debe realizarse sobre la base de repre­sentantes libremente elegidos por los jubilados que asuman su administra­ción directa. Hay que rechazar que el presidente de la obra social y la mayoría del directorio sean designados por el gobierno (ley 19032). Son los jubilados los que deben realizarla apertura de las cuentas del PAMI y la investigación del destino de sus fondos, impunemente saqueados por los funcionarios de tumo. Recordar los ‘retornos’ de Matilde. O la denuncia aparecida en el diario Río Ne­gro (6/11): con fondos del PAMI se cu­brieron déficits de la Caja jubilatoria.