En Tucumán está planteado el cierre de 5 ó 6 ingenios azucareros. No porque haya una retracción productiva en la economía azucarera, sino que se trata, pura y simplemente, de una operación de concentración de recursos, de la propiedad y la producción en favor de ciertos grupos empresarios (los Paz, Estofán, Minetti, Arcor y Colombres). No es tampoco el resultado de un “libre juego de mercado”, sino la vuelta casi definitiva de tuerca en una rosca que viene funcionando hace varios años.

Se trata de una imposición explícita del Banco Mundial (claro que hecha bajo la forma de una ‘recomendación’), en función de la cual vendría un “paquete” de créditos al sector público y privado. El Estado provincial debe sanear sus finanzas y reducirse tercerizando servicios (cosa que hizo con las privatizaciones de los bancos). Una vez saneado, puede volver a ser un buen garante para las operaciones financieras de los grupos empresarios que concentren la actividad azucarera, citrícola y comercial.

En Tucumán, el azúcar representa el 40% del Producto Bruto de la economía productiva (agricultura e industria). El cierre de los ingenios no va a cambiar esto, va a  significar una redistribución empresaria en la percepción de los beneficios que el azúcar genera. Los ingenios “en desgracia” son de empresas menores que han especulado los últimos años en arriendos, evasión impositiva y clavos de millones de dólares en créditos incobrables tomados al mismo Estado, y que deben a cañeros y obreros. En esto no se diferencian de los ingenios ‘sanos’, sólo que éstos, por sus sostenes financieros privados y sus conexiones monopólicas (Arcor) aguantan más y reclaman la caída de los insolventes.

Pero la razón más fuerte de este ‘ajuste’ es de tipo económica clásica, y consiste en oxigenar la caída de las ganancias con el achicamiento de la parte correspondiente al trabajo, es decir, al salario y a los productores.

En el sector agrícola, esto se viene realizando mediante la mecanización de la cosecha y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores. En la industria ya se ha impuesto la suspensión forzosa y ahora se pretende la desaparición del trabajador permanente, para que todos los obreros sean transitorios, por contrato.

En resumen, se va a producir más o lo mismo, pero con menos empresas, productores y obreros. En términos sociales esto significa una catástrofe con resultados similares a los ocurridos luego del cierre de ingenios de 1966.

Todo este ataque se procesa a la luz del día y es de público conocimiento. Es pública la condescendencia con las recetas del Banco Mundial del gobierno de Bussi, del Pj, la Ucr y el Frepaso. La Cgt y la Fotia, de manera criminal, no solamente no hacen nada, sino que reclaman al gobierno “mesas de concertación” con los empresarios, pretendiendo colocarlo como árbitro cuando éste públicamente tomó partido por el ajuste.

La dirección actual de la Fotia surgió de una rosca política–burocrática y tiene como secretario a R. Palina, de la Ucr. Ya han debutado traicionando una lucha que comenzó con 90 despidos del ingenio Cruz Alta, a la que desmovilizaron llevándola al matadero de una conciliación obligatoria pactada con Bussi, y en donde los obreros siguen en la calle y sin percibir los salarios adeudados. Ahora amagaron con un plan de lucha para renegociar unos mil puestos de trabajo del Plan Trabajar (3 meses, de febrero a abril), que fueron rapiñados por el aparato del Pj y Bussi para su demagogia política electoral.

Aunque en algunas asambleas de localidades los obreros plantearon la toma de las fábricas, y se hicieron cortes de ruta en algunos casos, en otros los dirigentes ni siquiera se presentaron, como en Famaillá, o se arrugaron, haciéndolo de 15 minutos como en Banda del Río Salí.

Ese mismo día (21/2) concurrió la plana mayor de la Fotia y la Cgt a casa de gobierno, para “darle tiempo al gobierno para que efectúe las gestiones…” (sic) y aclarar que “las medidas no son contra el gobierno municipal…” (sic), como dijo Palina.

Para los obreros y la población del interior, la situación es de vida o muerte. Los partidos políticos, la Cgt y la Fotia están podridos y son absolutamente antiobreros y entregadores. Es necesario lanzar una campaña por Asambleas Populares que implementen planes de lucha, con tomas de fábrica y cortes de ruta, y reclamen un paro general. Que se abran las cuentas de los ingenios ‘insolventes’ y que el Estado los expropie para que funcionen bajo control obrero y público.