En el poco tiempo que lleva en el puesto, el nuevo interventor Salvatierra ha lanzado una ofensiva contra las condiciones de trabajo e incluso salariales, y contra la organización gremial. En distintos sectores, viene presionando por traslados arbitrarios del personal y una reorganización que lleva a la pérdida de ingresos. Si bien en algunas áreas hubo una resistencia, en otras la intervención logró avanzar. En Kinesiología, los trabajadores aceptaron las modificaciones en su régimen laboral. Con el argumento de que hay “pocos pacientes” se suprimieron guardias, concentrando la carga laboral en un solo compañero, que es obligado a absorber todos los servicios (Terapia, Pediatría, Coronaria y Sala). Lo mismo ha ocurrido en Rayos, cuyos trabajadores aceptaron que se terminen las rotativas, que se pagaban al 100 por ciento; les redujeron la remuneración de las guardias a casi la mitad y crearon el turno noche. Ha trascendido que sacarían el turno de los franqueros de enfermería. La intención sería imponer el sistema de francos rotativos, lo que representaría un golpe muy duro para muchos compañeros.

 

Esta escalada vino unida a aprietes e intimidaciones por parte de los encargados de servicios. Un blanco fundamental de esa ofensiva es la Comisión Interna, a la cual el interventor pretende desconocer, mientras se reúne con la burocracia de Atsa, con la cual acordó un acta en el Ministerio de Trabajo para “normalizar” el funcionamiento del Hospital, en lo que se acusa a “80 revoltosos” de impedir su recuperación. Esto va directamente entrelazado a la postergación de las elecciones para renovar la representación sindical del Francés, cuyo mandato está vencido.

 

El interventor es un “joven K”, de modo que no debe sorprender que esta ofensiva haya sido acompañada por una gran dosis de demagogia y doble discurso. Salvatierra, al mismo tiempo que aprieta, nombró un grupo de colaboradores que se destacan por su pasado antiobrero en otros centros de salud. Tampoco se priva de recorrer los servicios, buscar un contacto directo con los trabajadores y procurar granjearse su simpatía, incluso sábados y domingos. Actúa como un auténtico militante al servicio del capital y el Estado. El gobierno no se limita a actuar como bombero, ni la intervención se limita a oficiar de bisagra transitoria para una salida privatista: el gobierno pretende sacar su propio rédito político y apropiarse de una tajada del botín.

 

Salvatierra ya ha dejado trascender que se quedaría más tiempo que los seis meses previstos inicialmente.

 

El interventor ha logrado retomar los hilos de conducción del Hospital. Ha debido pagar un precio, por cierto no menor. El gobierno se ha visto obligado a pagar el sueldo atrasado de abril y ya ha anunciado que pagaría el de mayo antes del 10 de junio. Quiere decir que por primera vez, después de bastante tiempo, se estaría al día con las remuneraciones. Al mismo tiempo, tuvo que abstenerse de promover despidos (ni siquiera bajo la forma de retiros voluntarios). Pese a que se dejó trascender que había un exceso de personal, Salvatierra no ha podido (o no ha querido) ir a un choque directo.

 

Pero la intervención no ha logrado revertir la crisis del Hospital. La situación sigue siendo extremadamente precaria. La cantidad de pacientes es igual a la que había en la época del directorio que fue desplazado. Importantes servicios prácticamente no funcionan, como Pediatría. Los consultorios externos funcionan con horario reducido porque no hay profesionales, y algunos están cerrados (como la especialidad Cirugía de manos). Bajo estas condiciones, el Hospital, cuyos asociados ascienden a 30.000, está muy lejos de autofinanciarse. La única explicación de cómo se pagaron los sueldos de los trabajadores no médicos, es que… el gobierno viene sosteniendo al Hospital, bajo cuerda. Aún así, las cuentas no cierran, pues los médicos continúan acumulando deudas y los pagos que se les vienen haciendo son parciales y a cuentagotas. Si se confirmara este sostén del gobierno, aun con las limitaciones apuntadas, estaríamos ante una suerte de virtual “estatización”, pues el Hospital se estaría financiando con fondos públicos, aunque la intención oficial sea reprivatizarlo.

 

En esta etapa, cobra especial importancia enarbolar una plataforma que contenga reclamos vitales para el presente y futuro de los trabajadores. Los trabajadores del Francés tienen derecho a saber y quieren tener garantías sobre el régimen laboral. Esta plataforma está presidida por la defensa de la estabilidad y el salario. No al convenio de crisis (artículo 20 del concurso) ni a los recortes salariales. La continuidad de todos los puestos de trabajo, respetando íntegramente la situación de revista y las condiciones de trabajo. Pago al día de los salarios y que el Estado se haga cargo de garantizar su financiamiento, así como los de insumos básicos e imprescindibles. A la par de ello, reclamemos el reconocimiento de la comisión fiscalizadora de los trabajadores y la formación de una comisión entre los representantes del Estado y los trabajadores médicos y no médicos, para discutir una solución de fondo a la crisis del Hospital. A la par de ello, motoricemos la campaña por la inmediata convocatoria a elecciones para renovar el Cuerpo de Delegados. Una fuerte organización gremial, independiente del gobierno y la burocracia, es la única garantía para impulsar esta plataforma.