No pasaron ni 24 horas desde la aprobación de la ordenanza de ‘emergencia sanitaria’ que abre las puertas a la privatización del Hospital Larcade de San Miguel y al despido de cientos de sus trabajadores, que el movimiento sindical del Hospital, del municipio y de la provincia le dio a Rico una respuesta contundente: un paro y marcha provincial de los trabajadores de la salud, en defensa del hospital público.

En un plenario realizado en el propio Hospital Larcade, con la presencia de 200 delegados de hospitales de toda la provincia, de las asociaciones de médicos y de los trabajadores municipales, votaron un plan de lucha y movilización para derrotar la ‘emergencia sanitaria’, la privatización y los despidos.

En el plenario se denunció el envío de casi 400 ‘disponibilidades relativas’, es decir el traslado a salas periféricas, un paso previo a los despidos. Dos tercios del personal médico del Larcade fue puesto en esta condición, lo que certifica la denuncia de los trabajadores de que la ordenanza de Rico apunta a mantener en el Hospital “apenas una guardia mínima”.

Los médicos y trabajadores municipales señalaron que “la reorganización administrativa traerá aparejada traslados y posibles despidos y se abren las puertas al arancelamiento de todos los servicios” y denunciaron la ‘emergencia sanitaria’ como “un ataque a la gratuidad y al igualitarismo en el derecho a la salud pública”.

Los delegados denunciaron el apoyo de Duhalde a Rico y señalaron que “el plan de Rico se aplicará en toda la provincia porque también es el plan de Duhalde”. Esto significará, anticiparon, “dejar en la calle, sin atención médica, a más de diez millones de personas” que han perdido su obra social porque están desocupados o trabajan en negro y que no pueden pagar los aranceles de los ‘hospitales de autogestión’.

En el plenario participaron también representantes de otros gremios, de la CTA y delegaciones de partidos de izquierda. El Partido Obrero denunció el carácter del golpe riquista y el acuerdo del PJ y la Alianza con dicha política, sintetizada en el acuerdo con el FMI para imponer la ‘convertibilidad fiscal’ (reducción del gasto público y despidos masivos en la administración pública), reducir las indemnizaciones, profundizar la flexibilidad laboral y utilizar los recursos para el pago de la deuda externa. El PO planteó que para hacer retroceder a Rico era necesaria una lucha a fondo y de conjunto: un paro provincial y una marcha hacia la intendencia.

Este planteo fue retomado por la mesa del plenario y votado por aclamación. El jueves 24, paro provincial y movilización sobre la Intendencia de San Miguel; el jueves 30, nuevo paro (que puede extenderse nacionalmente) y marcha a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Capital.

Garantizar el éxito

La ofensiva contra los trabajadores del Hospital de San Miguel es el comienzo del que se implementará en toda la administración provincial y nacional. Por eso, los delegados de toda la provincia que votaron una huelga provincial de la salud no lo hicieron sólo por la solidaridad que merecen sus compañeros del Larcade agredidos; lo hicieron con plena conciencia de que se están movilizando en defensa propia.

ATE, Suteba-Ctera y la CTA tienen una enorme responsabilidad. Los ataques de Rico y la ‘tercera reforma del Estado’ no se paran con discursos sino con la decisión de poner en la calle a los trabajadores, con la huelga general y la movilización.

La CTA debe convocar a la huelga general en defensa de los trabajadores del Larcade y convocar al resto de las organizaciones obreras a sumarse a la huelga y a la movilización.

Para defender al hospital público y a la salud del pueblo trabajador, para reincorporar a los despidos y para arrancar a los patrones los recursos para el funcionamiento del hospital, los trabajadores debemos garantizar un gran paro y una gran movilización, que saque a Rico del hospital y del municipio.