Sindicales

13/3/2003|792

Ibarra, en el banquillo de los acusados

A una semana del brutal desalojo del ex Padelai, la Asamblea de Plaza Dorrego, junto a un importante conjunto de los vecinos expulsados, convocó a una conferencia de prensa en la Legislatura. Estuvieron presentes organismos de derechos humanos y legisladores. Los vecinos del Padelai relataron los vejámenes y golpes recibidos por la Infantería en el curso del operativo desalojador. Nora Cortiñas, de Madres, relató de qué modo le fue impedido ingresar a la zona donde se estaba consumando el operativo, a partir de que los efectivos policiales habían decretado una “zona liberada”.


Marcelo Ramal, del PO, denunció la responsabilidad directa del Gobierno de la Ciudad en la represión: “Medio gabinete estuvo presente allí, bajo el mando de Gabriela González Gass. La andanada de violencia contra los vecinos del ex Padelai ya había sido resuelta de antemano por Ibarra. Por eso, el gobierno rechazó toda posibilidad de negociación”. La Asamblea de Plaza Dorrego leyó un documento citando todos los antecedentes del Padelai: el derecho de propiedad que tienen los vecinos sobre el predio, y que pretende ser conculcado; los atropellos y amenazas de Alicia Vasconcelos – funcionaria a cargo de la “Unidad Ejecutora del Padelai – contra vecinos y asambleístas y, finalmente, la represión del martes 25 de febrero, donde también fueron encarceladas compañeras de la Asamblea. En el final de su documento, la Asamblea realizó un planteo que arrancó el mayor de los aplausos: “Pedimos la renuncia del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, por su responsabilidad directa en esta represión”. Una comisión de abogados, pertenecientes a distintos organismos, iniciará acciones legales contra el gobierno de la Ciudad, representando a los damnificados por la represión.


Al término de la conferencia de prensa, se realizó una reunión de todos los desalojados del Patro: allí se resolvió iniciar un plan de lucha por todas las reivindicaciones planteadas: renuncia de los funcionarios responsables por la represión; otorgamiento de subsidios y acceso a la vivienda para todos los desalojados; albergue inmediato para los compañeros que han quedado en la calle luego de la expulsión. Con este programa, el martes 11 de marzo se realizará una primera movilización hacia la Jefatura de Gobierno.