Hace quince días, un operativo judicial en los hoteles donde el gobierno de la Ciudad “alberga” a los sin techo comprobó, por enésima vez, las condiciones degradantes en que viven 8.600 personas. Del mismo modo, volvió a verificarse que se pagan sumas absurdas – hasta 600 pesos por mes y por familia – por ese “servicio”. Pero la denuncia no sirvió para meter en cana a los funcionarios… sino para desalojar a las familias. El 7 de agosto, el Gobierno envió una circular a los habitantes de los hoteles informando de una “nueva modalidad” de asistencia. Los afectados recibirán un “vale por 1.800 pesos y por única vez”, es decir, equivalente a unos tres meses de alojamiento. Supuestamente, el vale otorgará al “beneficiario” la “libertad de elegir” el hotel… pero dentro de un listado incluido en la propia “circular” de “promoción social”. En esta lista, están incluidos varios de los hoteles denunciados por irregularidades ante la Justicia.

Como ya ocurriera en el 2001, el gobierno pretende desvincularse del compromiso de albergar a los sin techo, dejándolos librados a acuerdos individuales entre los hoteleros y las familias. De este modo, y cuando cada familia agote su “vale”, el desalojo correrá por cuenta del propietario del hotel.

En julio del año pasado, intentó ponerse en marcha un “operativo” con las mismas características desalojadoras. Una fuerte movilización quebró la tentativa del gobierno, y una parte de los habitantes de los hoteles fueron incluidos en programas de acceso a la vivienda. Pero esos planes se encuentran completamente empantanados: aún en el caso de los más avanzados – que prevén la relocalización de las familias en la provincia de Buenos Aires- no han superado la etapa de la compra de lotes. El “operativo” que se pone en marcha ahora revela que Ibarra no tiene intenciones de avanzar en estos programas. Para la mayoría de los que viven en los hoteles, el gobierno marcha al desalojo liso y llano.

Los compañeros de los hoteles ya han iniciado un plan de movilización. El viernes 9 la Justicia dictó una medida cautelar contra la “nueva operatoria” del gobierno. Esta victoria debe servir para reclamar la derogación definitiva del “operativo desalojo”, y exigir la reactivación inmediata de los programas de acceso a la vivienda.