En un reciente plenario de delegados de la Rama PAMI de ATE de todo el país, se emitió un pronunciamiento que critica los principales aspectos de la política que está aplicando el presidente-‘interventor’-Alderete en la obra social.

Se plantea la derogación de todos los decretos que condicionan el accionar del Instituto dentro de la ley 19032; recuperar la totalidad de las prestaciones médicas y sociales recortadas; mantener los servicios propios de policlínicos (Rosario), residencias, emergencias y traslados; rechazar las “provincializaciones”; denunciar los nuevos convenios de psiquiatría, geriatría y medicamentos, realizados por Alderete, “porque excluyen al Instituto del seguimiento y control” de las prestaciones.

Un último punto, aunque no menor, es la defensa del sistema de capacitación del propio Instituto, basado en la experiencia de sus trabajadores. La importancia de esta resolución es que surgió de una fuerte crítica de distintas delegaciones a la dirección de ATE-Rama PAMI, que venía de firmar con Alderete y los otros gremios (UPCN y UTI) un “Plan de recapacitación para el Personal del Instituto”, basado en cursos a cargo de instituciones extranjeras (George Washington University), para la “modernización y reestructuración administrativa de la Institución”.

El plenario se manifestó en el sentido de que esta “recapacitación” es la antesala de otros miles de despidos encubiertos de trabajadores. Queda planteada, entonces, la necesidad de preparar una asamblea general de trabajadores de PAMI, para organizar medidas de resistencia a la política de destrucción de la obra social, correctamente denunciada por el plenario.