El 24 de abril se cumplieron dos años de la intervención del Sindicato Petrolero de Santa Cruz. El mismo día se conoció la decisión de la Federación Nacional de Petróleo y Gas Privado de extenderla por un año más.

Fue la gota que rebalsó el vaso. En este período, fueron cientos los despidos y suspensiones, las persecuciones de activistas, la rebaja de categorías y la pérdida de beneficios por parte de los trabajadores. La nueva Ley de ART, el impuesto al salario, los topes en las asignaciones familiares y la falta de atención de la obra social fueron el revulsivo de esta rebelión obrera.

Al conocerse la decisión de la Federación, se realizaron asambleas autoconvocadas y multitudinarias: 1.200 compañeros en Caleta Olivia y Pico Truncado y 700 trabajadores en Las Heras votaron comenzar un paro por tiempo indeterminado hasta que se vaya la intervención y se fije la fecha de convocatoria a la asamblea que elija la junta electoral.

Inmediatamente, más de 8 mil trabajadores entraron en medida de fuerza. Toda la región se conmocionó.

Recule oficial y nueva asamblea

En este cuadro, el viernes 26 de abril, el Ministerio de Trabajo debió declarar ilegal la intervención, pidiendo a la Justicia federal de Caleta Olivia que proceda a la normalización del sindicato.

La huelga había conseguido su principal objetivo: terminar con la intervención.

Esa tarde, una asamblea de 6 mil obreros en Pico Truncado analizó la situación y el pedido de Tomada. Se resolvió:

-que la negociación se haga en Santa Cruz y no en Buenos Aires;

-designar a dos compañeros de cada localidad (Caleta, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos) para llevar adelante las negociaciones y el proceso de convocatoria a elecciones;

-que se reconozcan los días caídos por la medida de fuerza y ninguna sanción o persecución a los huelguistas;

-que se incorpore al padrón electoral a todos los compañeros ingresados en los últimos seis meses;

-que se reincorporen a las empresas a todos los despedidos de los últimos dos años de intervención;

-que se elijan delegados y/o representantes que sean reconocidos por las empresas y los normalizadores hasta que se hagan las elecciones;

-continuar la medida hasta que se firmen los acuerdos con el Ministerio de Trabajo y el Juzgado federal.

Terminada la asamblea, los trabajadores se retiraron a sus puestos de lucha y allí pasaron el fin de semana apostados a la vera de los accesos al yacimiento petrolero.

El apuro de Tomada-De Vido tenía sus razones: el lunes 29 estaba prevista la visita de Cristina K a Las Heras. Pero el gobierno nacional sigue sus propios intereses en esta crisis, puesto que el fin de la intervención es un golpe al gobierno provincial. Basta recordar que fue el gobernador Peralta, hace dos años, quien pidió que se interviniera el gremio petrolero y alineó con él a varios "normalizadores".

En todos estos días se destacó la agitación política del Partido Obrero en la zona. Una conferencia de prensa, pintadas, diarios, TV, radios y portales petroleros reflejaron nuestro planteo: que Cristina y Peralta le devuelvan el sindicato a los petroleros, sacando las conclusiones políticas de esta lucha que nace de las entrañas de las necesidades obreras.

Cómo seguimos

En la mañana del lunes 29 sesionó la asamblea general de los petroleros, con la siguiente novedad: la Justicia emitió una resolución que ordena el cese de la intervención de la Federación y ordena al Ministerio de Trabajo la normalización del sindicato. Se designa una comisión con un normalizador y los ocho trabajadores elegidos en asamblea para tal fin.

La resolución establece la elección de la junta electoral por asamblea ordinaria para el 14 de mayo. Con esta decisión en la mano, la asamblea levantó la medida de fuerza.

Queda planteada la organización de los propios trabajadores para instrumentar y garantizar los puntos votados en la Asamblea, evitar las maniobras de los viejos personeros ligados a la burocracia y las de los intendentes K (Córdoba y Camino) y el vicegobernador Cotillo.

Entonados por esta victoria, vamos por una lista independiente de la burocracia, el gobierno y las patronales.