La fábrica de cables eléctricos IMSA se encuentra entre los sectores exceptuados para producir. Están convocando a un 20% del plantel para cubrir "pedidos" con los que previamente la empresa se había comprometido. El resto de los trabajadores que no están concurriendo a la fábrica denuncian una rebaja salarial de hecho, porque sólo cobran por la hora básica (con descuentos de adicionales y bonificaciones, como el presentismo). En este sentido, IMSA se adelantó al acuerdo de salarios a la baja que Caló daba por cerrada la semana pasada, y ya rebajó el salario real de bolsillo de sus trabajadores. 

Mientras tanto, el secretario general de la seccional Oeste de la UOM, Sergio Souto, se despegó de Caló en su intento por generalizar el acuerdo con Techint y Aluar de rebaja salarial al 70%.  Ha emitido un comunicado donde “deja en claro que no permitiremos actitudes de este tipo (se refiere a rebajas salariales), de manera que procederemos a realizar las pertinentes denuncias en el Ministerio de Trabajo”. El mismo ministerio que le puso la firma a los más de 1.400 despidos de Techint, con el DNU de prohibición de despidos y suspensiones ya vigente. El ministro Moroni incluso ha dispuesto el restablecimiento de la actividad en sus Agencias Territoriales de todo el país, orientándolas expresamente a la homologación de suspensiones con reducción salarial y a la tramitación de procedimientos preventivos de crisis. Es decir, difícilmente sirva de algo llevarle denuncias a un ministerio cuya prioridad demuestra no ser atender el delicado cuadro de desocupación y subocupación -ahora agravado con la pandemia-, o inspeccionar condiciones de higiene y seguridad laboral. Sin embargo, le tomamos la palabra a Souto: ¡en zona oeste no debe haber rebajas salariales de los trabajadores! 

Al caerse el acuerdo que Caló anunció a los medios, por la fuerte indignación y rechazo que generó entre los metalúrgicos, incluidos delegados de fábrica afines a la conducción, se puso en marcha un plan B. Las reducciones salariales se acuerdan fábrica por fábrica. En su defecto, si la reducción no se pudiera concretar sería la antesala de despidos y suspensiones.

En este cuadro, no hay que permitir que a los trabajadores de IMSA se les reduzca aún más el salario. Tiene que haber un plan de acción común, con asambleas de trabajadores (con los recaudos necesarios por la pandemia), para colocarse en alerta ante cualquier intento de esta patronal negrera de suspender, despedir o rebajar aún más los salarios.

Caló, Souto y los delegados de IMSA no tienen ningún mandato para “negociar” con el sustento de las  familias de los trabajadores.

La situación exige una discusión de todos los compañeros, con los debidos recaudos sanitarios, para discutir cómo seguir la situación paso a paso.

En Imsa, y en cada planta, votemos comisiones de seguridad e higiene que controlen las condiciones de trabajo, parándole la chata a las presiones patronales.