El 22 de abril se difundió un informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre la situación de las trabajadoras domésticas frente a la pandemia del coronavirus en Argentina. El informe, que sostiene que las empleadas domésticas “están más expuestas a riesgos sanitarios, laborales y económicos durante la emergencia sanitaria” vino a confirmar los atropellos que los testimonios de las trabajadoras de Argentina, pero también de todo América latina, venían denunciando.

Según la OIT en América latina se calcula que hay 18 millones de personas que realizan tareas de trabajo doméstico como principal fuente de ingresos, lo que representa al 3% de la población y el 7% de los trabajadores ocupados. Es un gremio enorme, del cual el 93%, son mujeres. No solo es la rama más feminizada de todas las actividades laborales, sino también racializada: en ella se destaca la presencia de mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes.

 

 

También, es un gremio donde reina la precarización, lo que coloca a sus trabajadoras en una situación de extrema vulnerabilidad: alrededor del 80% de ese 18 millón de personas trabaja en la informalidad. Sus ingresos alcanzan la mitad del promedio salarial de la región. El índice de informalidad asciende al 90% en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay y Perú.

Para estas trabajadoras la precariedad no solamente implica la ausencia completa de derechos laborales -vivir a merced de la voluntad de sus empleadores, la ausencia de cualquier tipo de contrato, el trabajo por horas, la falta de regularidad en los pagos, la persistencia el llamado ´pago en especias´, la desvinculación constante y enormes dificultades para demostrar la relación laboral- sino también magros ingresos que impiden dejar de trabajar y la falta de cobertura de salud de algún tipo.

En estas condiciones, la crisis del coronavirus golpeó profundamente sobre las empleadas domésticas. Los informes tanto de agencias internacionales como de periodistas especializadas junto con las decenas de casos y testimonios difundidos en redes sociales y por organizaciones de mujeres y organizaciones sindicales ya habían demostrado que en todos los países latinoamericanos se repitieron situaciones similares. En primer lugar, aquellas trabajadoras domésticas que debieron seguir yendo a trabajar a sostener las casas de sus patrones, recorriendo largos tramos en transporte público, exponiéndose al contagio de ellas y de sus familias, sin que se respetara allí cuando se dictó el aislamiento obligatorio o preventivo.

Otra situación oprobiosa fue la de aquellas trabajadoras domésticas que debieron pasar cuarentenas trabajando en casa de sus patrones a riesgo de perder su trabajo o su fuente de ingreso principal –en muchos casos, a costa de su trabajo en otras casas, que se vieron imposibilitadas de continuar-, lejos de sus propias familias de las cuales en muchísimos casos también son jefas de hogar (44% en Argentina), en las que se ocupan de sus hijos, los adultos mayores y del sostenimiento integral de las tareas de la casa y de las necesidades de sus familias.

La continuidad del trabajo estuvo acompañada de mayores exigencias, como aumentar los ritmos de trabajo, eliminación de descansos, mayor reclamo de intensidad de limpieza, atención de las necesidades permanentes de los miembros de las familias que se encuentran en aislamiento en la casa y la desinfección personal. Inclusive, la atención de personas enfermas, sin los recursos y elementos de protección necesarios. También se denunciaron recortes salariales, bajo el pretexto de que las tareas en este contexto son compartidas (mayoritariamente con la mujer de la familia).

 

Finalmente, la mayor parte de los casos, en la que sus patrones han discontinuado la relación laboral, prescindiendo de sus servicios sin garantizarles la paga –y, como muchas denuncias sostienen, bajo amenaza y con planteos claramente discriminatorios.

Se contabilizaron también casos en los que el derecho al asilamiento fue considerado adelanto de vacaciones.

País por país

El caso de Brasil fue ilustrativo de la situación: la primera víctima fatal del coronavirus en el Estado de Rio de Janeiro fue Cleonice Gonçalves, una mujer de 63 años trabajadora doméstica que viajaba 100 kilómetros para ir a trabajar desde su barrio, contagiada por su patrona recién llegada de Italia. El caso despertó un repudio generalizado. Los rechazos públicos a los tratos aberrantes que recibieron empleadas domésticas se repitieron en diferentes países en formas de campañas públicas vía redes sociales que pusieron de relieve tratos degradantes y el irrespeto a sus derechos laborales. En Brasil hay siete millones de mujeres que trabajan realizando tareas domésticas.

En México hay alrededor de 2.4 millones de mujeres que trabajan como empleadas domésticas. Es el caso extremo donde las condiciones de precariedad alcanzan casi al 100% de las empleadas domésticas y casi ninguna tiene derechos laborales. Los informes más alentadores hablan del 12% que recibe algún tipo de aguinaldo, vacaciones o cobertura de salud. Recién en mayo de 2019 se votó la ley que prevé derechos laborales, pero aún no se avanzó en su reglamentación ni se han adoptado medidas para que sea más que letra muerta. Las trabajadoras han denunciado que los patrones aprovecharon la crisis del coronavirus para despedirlas.

En Chile, donde se calcula que 300 mil mujeres (el 1,5% de la población) realizan esta tarea, el 55% lo hace de manera informal. Este índice representa el mejor escenario de todo el continente, pero porque ha adaptado la forma de aporte de las patronales al sistema de seguridad social a uno aún más precario, adaptado a los ingresos miserables de esta actividad. Amparados en el artículo 152 del Código del Trabajo chileno muchos despidos durante la cuarentena se hicieron bajo el argumento de que “toda enfermedad contagiosa, clínicamente calificada, de una de las partes o de las personas que habiten la casa, da derecho a la otra parte para poner término al contrato”, otros alegaron “abandono del trabajo”, que permite a la patronal ahorrarse la indemnización. Las trabajadoras denuncian que se trata de manipulaciones: de ninguna manera pusieron en riesgo la salud de los patrones (sí se han demostrado casos en los que fue al revés). Tampoco abandonaron los puestos de trabajo, sino que no tuvieron capacidad de llegar al mismo o directamente no fueron contactadas.

En Uruguay, que es destacado también como el mejor país de la región respecto a la situación de las trabajadoras domésticas, se calcula que 140 mil mujeres trabajan como empleadas domésticas: casi el 5% de la población. De ellas, el 50% trabaja en la informalidad.

En Argentina, el 17% de las trabajadoras mujeres son trabajadoras domésticas y se calcula que, en total, esa cifra corresponde a 1.500.000 mujeres. Es el gremio más grande del país. El 75% trabaja de manera informal y de ellas solo el 9% tiene acceso a algún tipo de cobertura de salud, lo que deja a 950.000 mujeres dependiendo del sistema de salud público como toda posibilidad de acceso a la salud. El salario mínimo previsto para las trabajadoras registradas es de $16.515 mensuales y se calcula que el promedio que se cobra está en torno a los $8.000. La canasta de pobreza para una familia, en febrero, superaba los $40.000.

En estas condiciones, de sobrecarga laboral, exposición y recorte o suspensión de pagos, las trabajadoras domésticas no han sido objeto de medidas sanitarias o económicas específicas para atender su situación. En todos los países, deben apelar a los ingresos o subsidios para trabajadores informales que lanzaron en general los gobiernos.

El informe de la OIT dice que Argentina es uno de los países en los que mejor se ha atendido a este sector de trabajadoras. Esto no es en absoluto así. No ha habido medidas que protejan sus empleos ni ingresos. Como toda política pueden apelar a los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia completamente insuficientes. El IFE se paga por única vez y siempre y cuando ningún otro familiar reciba asistencia estatal. Peor aún, las patronales están asumiendo los $10.000 como subsidio a ellas mismas, descontándolos de los magros ingresos de las trabajadoras domésticas, que necesitan sumar el IFE para subsistir.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha propuesto un subsidio de 200 reales que la Cámara de Diputados ha llevado a 600 (US$ 120), y a 1.200 en el caso de madres jefas de hogar. En Chile, la habilitación al Fondo de Cesantía para quienes no pueden realizar tareas de teletrabajo no alcanza a las trabajadoras informales pero tampoco aquellas que trabajan en blanco. Lo que se propone es, para este sector, que consuman su fondo de indemnización. Cuando el mismo se termine o sean despedidas, tendrán los mismos en cero. En Bolivia, donde se cuentan más de 100.000 mujeres empleadas domésticas, reclaman ser incluidas en la entrega de la canasta familiar.

Medidas urgentes

Son necesarias medidas sanitarias y económicas urgentes y específicas para las trabajadoras domésticas, teniendo en cuenta la irregularidad del trabajo y la presión patronal que recae sobre ellas. A casi diez años del Convenio 198 de la OIT que establece los derechos laborales de las trabajadoras domésticas el mismo está lejos de cumplirse. Los ministerios de mujeres deben tomar el problema en su agenda.